Imaginemos que el expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps quiere que todas las noticias sobre el caso de sus trajes desaparezcan de Google porque acabó siendo absuelto —fue procesado por supuestamente haber recibido ropa como cohecho dentro de la trama Gürtel—. Las empresas con motores de búsqueda, ¿deberían analizar si las informaciones previas sobre la investigación policial y judicial fueron precisas y eliminarlas si no lo fueron? El Tribunal Supremo ha admitido recientemente a trámite un recurso de casación interpuesto por Google para fijar doctrina sobre el llamado derecho al olvido que podría responder a algunas de estas preguntas.
La cuestión de fondo asusta un poco: ¿llegará el día en el que la tecnológica tenga que valorar si las noticias de los medios son veraces o no para indexarlas? El tema no es menor, porque lo que no existe para Google prácticamente no existe. “Las hemerotecas de los medios antes estaban cogiendo polvo, y ahora la tecnología nos ha dado una realidad diferente: podemos investigar a cualquiera en cualquier momento a través de un buscador que saca todo a la luz”, explica Natalia Martos, abogada experta en nuevas tecnologías del despacho Pérez-Llorca. Por eso los particulares afectados por noticias acuden cada vez más a Google a quejarse: lo importante no es ya que la información se haya escrito, sino que le gente pueda encontrarla. Y esto fundamentalmente sucede a través de los motores de búsqueda.
Un cazador furtivo
El caso que da origen a todo esto se publicó en este periódico el 4 de julio de 2010: “Un jefe forestal de la Xunta en Ourense fue sancionado por cazador furtivo. El cargo de Medio Rural encañonó en 2007 a los agentes que lo multaron”. La noticia contaba que dos agentes forestales habían sorprendido a un técnico forestal cazando en una zona prohibida junto a dos personas más y que el técnico y sus colegas les habían amenazado y arrinconado con sus escopetas. Una patrulla del Seprona se acercó también por allí y denunció a los cazadores, que fueron además expulsados de la sociedad de caza. La noticia, basada en los documentos de denuncia, era absolutamente rigurosa sobre lo que allí constaba.
Después, el Tribunal Superior de Galicia anuló las sanciones por una cuestión formal, de plazos de notificación. En los hechos probados, muy escuetos, dice que los cazadores estaban autorizados para cazar y habla de ciertos altercados. La resolución no llega a profundizar en lo que sucedió ni especifica las razones de las sanciones impuestas.
Con esta sentencia en la mano, el jefe forestal no pidió a EL PAÍS que modificara la noticia o añadiera en la misma la absolución. Lo que hizo fue solicitar a Google que dejara de indexarla. Al no conseguirlo, acudió a la Agencia Española de Protección de Datos y el caso acabó finalmente en la Audiencia Nacional. Ambas consideraron que la información no era veraz (a pesar de que contaba con precisión lo que constaba en una denuncia) y resolvieron que Google la retirara de sus buscadores.
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