Cuando se erige en tribunal, el periodismo militante u oficialista suscita varios problemas: uno de ellos es el deterioro de la confianza en los procesamientos legales e incluso los derechos humanos (como la presunción de inocencia o el derecho a tener un juicio justo, entre otros).
El emisor lanza la sentencia: alude por ejemplo a una estructura de prostitución operada con recursos del erario y aunque la calidad noticiosa es precaria, cuenta con la determinación de sus audiencias y el sujeto es culpable, “sin duda, nada más hay que verle el rostro o lo gordo que es, un cerdo que representa sus fechorías en el aspecto físico”. Sin embargo, como lo que importa al apllicar la ley son las pruebas (y qué bueno) cuando el caso mediático cae de manera estrepitosa siempre queda el argumento contra la impunidad y en general contra la desconfianza en la ley. Puestas así las cosas, esa manera de hacer periodismo nunca pierde sino que choca contra la injusticia y lo de menos es su escasa fiabilidad informativa que sus seguidores no exigen pues la causa es primero y también lo de menos es la discrminación como método incriminatorio del otro.
Algo similar sucede cuando desde la óptica oficialista se decreta no sólo que no hubo ningún exceso de la autoridad en los enfrentamientos del año pasado en Tanhuato sino que incluso, así como se lee, estos ni siquiera existieron. No hubo exceso de la autoridad ni uso ilimitado de la fuerza del Estado. Pero cuando los hechos se imponen, en vez de reconocer el yerro el recurso primero es señalar que se exagera, que no es para tanto y, el segundo, es sugerir que los delincuentes no tienen o no deben tener derechos humanos. El pero momento de tal periodismo de tribunal es cuando acusa a la procuración de los derechos humanos de esas tropelías de los criminales. La consecuencia de esa oferta informativa y editorial también es el descrédito de la ley y los derechos humanos entre la audiencia.
Y así podríamos continuar con varios ejemplos que van desde aquellos medios que litigaron en favor de la empresa Infraiber contra OHL y a que ahora se les cae estrepitosamente “su caso”, hasta los medios que en Guadalajara voltean la cara frente a las enormes anomalías que existen en la administración de la ciudad. Los casos son innumerables pero todos conducen a la necesidad de que el público consumidor de noticias sea exigente con las noticias que recibe y demande mayor calidad, vale decir, sustento y fiabilidad informativa. Ese andar significa un largo trayecto que vale la pena alentar, aunque sea a contracorriente de las legiones encendidas de usuarios de medios y bots y troles que los respaldan.
