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Creo que el gobierno federal es el principal responsable de la crisis política generada por las movilizaciones de la CNTE contra la llamada reforma educativa. Esto es así no sólo porque el gobierno tiene las atribuciones legales para conducir al país así como procurar la civilidad en la interacción social y política de la sociedad. En particular, el gobierno federal también es responsable porque la reforma educativa que promovió no tiene en realidad ese calado sino que se trata de un conjunto de cambios administrativos que trastocan los privilegios sobre los que ha descansado la actividad docente durante décadas, cuando eso es lo que le convenía al viejo régimen presidencial con la tutela de un solo partido, el PRI. Por ello es que ninguno de los actores en este conflicto se plantean el tema de la calidad en la formación educativa, y eso es, desde mi punto de vista, el asunto clave que ha sido desatendido también por los medios de comunicación y la llamada sociedad civil.
Desde mi punto de vista, el diálogo tiene sentido si se sitúa sobre aquel tema central, el nudo que le daría sentido a las diferencias, la calidad educativa. Pero el gobierno federal insiste en que no hay más ruta que la suya y plantea un “diálogo político”, así lo dijo el titular de la SEP Aurelio Nuño, pero no acerca de la mal llamada reforma educativa –esa va, advierte– y sólo con el principio de autoridad señala la necesidad de “acatar la ley”. Es decir, Nuño continúa empecinado en que la ruta de cambios definida por el gobierno no se altere, aunque tenga notables insuficiencias. Esos desplantes autoritarios –acrecentados con repentinas órdenes judiciales contra varios líderes magisteriales– tienen su contraparte en el lado extremo y entonces se genera el contexto en el que ambos actores aceptan el diálogo pero sin ceder un ápice en sus pretensiones, esto equivale a decir que no hay disposición al diálogo, lo cual es muy riesgoso por lo que, insisto, el principal responsable de que las diferencias encaucen por vías civilizadas es el gobierno federal. Desde luego que esto no implica dejar de anotar la cerrazón de la CNTE y sus manifestaciones tan contrarias a la civilidad que un profesor debe tener, al contrario, hay que registrarlas y simultáneamente advertir que eso no abona a que la salida del conflicto sea civilizada.
Dos actores que hasta ahora en los hechos no están dispuestos al diálogo –y que en realidad ignoran la calidad educativa– tienen su reflejo en los medios de comunicación que se sitúan en esos extremos como propagandistas de uno u otro (en deterioro de la información) y que así alientan incluso al enfrentamiento. Los medios oficialistas no reseñan la infraestructura eduactiva que hay en el país, y que se encuentra en un estado muy lamentable mientras los medios militantes no anotan las enormes deficiencias académicas y pedagógicas que tienen los maestros. Visto en conjunto, eso es (o tendría) que ser la reforma educativa, desde luego que entre otras variables como la curricula académica o las relaciones pedagógicas. Pero en el país no estamos discutiendo eso, lo que priva es la preocupación porque no haya un solo muerto más en este conflicto y la exigencia porque con toda claridad sepamos quienes son los responsables de lo ocurrido en Oaxaca el domingo pasado. Ello, junto con legiones que de un lado vilipendian al gobierno y del otro a los profesores –no sin falta de razón en muchos casos, por supuesto– mientras nos estamos alejando de lo fundamental: la calidad educativa y construir con los otros lo que ello quiere decir. Por eso es que el gobierno federal es el principal responsable del puerto que llegue a tener el conflicto.
