Buena parte de la agudización de la violencia en el país tiene a la corrupción como uno de su ejes. En más de algún caso ha alcanzado a las Fuerzas Armadas, las cuales han sido llevadas a responsabilidades que, en sentido estricto, no les competen.
En diferentes momentos los militares fueron sacados a las calles para llevar a cabo funciones que presumían soluciones a diversos problemas de seguridad. Pasó en los ochenta y noventa, incluso los capitalinos lo vivimos cuando nos llamábamos DF.
Fue en el sexenio de Felipe Calderón cuando en los primeros días de su mandato tomó la determinación de sacar al Ejército y llevarlo a su propio estado, Michoacán. La entidad era gobernada por el PRD, era ya la segunda ocasión en que el sol azteca estaba al frente de la administración.
Los perredistas se la pasaron echándose la bolita. Tanto el gobernador como el ex no pareciera que hubieran hecho acuse de recibo de la brutal presencia y dominio de La Familia Michoacana. Calderón les pasó por encima y mandó a los soldados, Leonel Godoy, gobernador en turno, lo supo casi cuando los vio entrar. El Presidente se convirtió durante algunos meses en una especie de gobernador alterno. No le informaba de nada a Godoy, hacía lo que quería y le parecía, y a veces el último que se enteraba era el gobernador perredista, no pasó así con los gobernadores de otros estados, ya fueran del PAN o del PRI.
Ésta fue la fórmula de Calderón a lo largo de su sexenio. Ante los problemas de seguridad y violencia, los cuales empezaron a aparecer por doquier, la solución la vestía de verde oliva.
Fue el inicio de una militarización que en la gran mayoría de los casos los ciudadanos no sólo lo agradecieron, también lo aceptaron. Lo vieron y sintieron en su cotidianeidad como una solución.
Sin embargo, los militares entraron en escenarios sin reglas claras y en medio de una duplicidad de funciones. Muchas cosas han tenido que aprender los soldados y mucho es lo que la sociedad les debe. Se la han pasado expuestos en una especie de laberinto, y cuando se han permitido hacer observaciones se les critica y hasta se les ha visto con desdén.
Es cuestión de recordar cómo se les trató por momentos en las campañas, en particular López Obrador. El hoy Presidente en varias ocasiones aseguró que iba a regresar a los militares a los cuarteles, la terca realidad le mostró que no era posible por más que su propuesta fuera genuina y hasta lógica.
Esto es sólo una pequeña parte de las muchas situaciones que se han presentado y discutido en el país, a partir de que se decidió que los militares salieran a las calles. Estaban y están sin reglas claras en medio luchas encarnizadas en contra de la delincuencia organizada, la cual tiene a los cuerpos de seguridad como sus cómplices.
La importancia de las discusiones y acuerdos que se han presentado a lo largo de estas semanas sobre la Guardia Nacional, abre espacios, quizá como nunca antes, para enfrentar con reglas, objetivos y con una ruta crítica claramente definida, la lucha contra la violencia y la inseguridad.
El Gobierno escuchó y fue sensible ante los especialistas y las muchas voces de la sociedad, que urgían una Guardia Nacional con mando y responsabilidades civiles.
El consenso le da al Gobierno una imagen que en más de una ocasión ha sido opaca, impositiva y autoritaria.
Escuchó y ganó, al final quienes ganamos somos todos. Se crean reglas, se arma una nueva fuerza de seguridad con el peso y aceptación que tienen para la sociedad los militares, y sobre todo gana el consenso, porque con esto es también como se gobierna.
RESQUICIOS.
López Obrador, Roberto Hernández y Alfredo Harp se la han pasado buena parte de sus vidas dándose con todo. Han estado entre libros, cartas y desplegados agarrándose hasta con la cubeta. Resulta que el beisbol los juntó y apaciguó. Se abrazan y están en el club de los elogios mutuos. Bendito beisbol, play ball.
Este artículo fue publicado en La Razón el 22 de febrero de 2019, agradecemos a Javier Solórzano su autorización para publicarlo en nuestra página.
