Debido a una declaración en la que denunciaba un presunto interno de soborno de Ricardo Salinas Pliego, Loretta Ortiz Ahlf, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fue demandada por Grupo Elektra por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, informó El Ceo.
En septiembre de 2024 Ortiz Ahlf fue entrevistada por Telereportaje, conversación en la que afirmó que representantes del empresario se le acercaron para tratar de influir en ella para obtener alguna postura a favor de Elektra en el litigio fiscal que mantiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) miles de millones de pesos, a cambio de una suerte de trabajo de marketing para ella.
“Fue antes de empezar, porque empecé como ministra en la Suprema Corte, entonces viene un grupo de Salinas Pliego y yo fui la primera que resolví una primera parte, y vinieron, se acercaron a mí y me dijeron: ‘Es que usted necesita que le manejen la publicidad, la imagen”, dijo la ministra en la entrevista.
A la pregunta de si aquello le significaba una tentación, la ministra respondió afirmativamente y añadió: “Así se acercan las personas y es una forma de tentar: ‘Te hago la publicidad o te pago los boletos para ir a tus partidos de X o Y o Z y ve con tu esposa o amante o amiga, y te vas a los estadios’ y a no sé qué, y son beneficios que aceptan Y luego dicen ‘yo soy honesto’”.
Entonces, por aquellas fechas Salinas Pliego respondió con tono burlón: “La Señora esa dice que ‘mi gente’ se le acercó para ofrecerle apoyo con su ‘imagen’ … NOOOOO! Yo no acepto casos perdidos ni misiones imposibles ¡”, y cerró con un emoji de carcajada.
Además, Grupo Salinas publicó un comunicado en el que reprobó que la ministra mintiera “con descaro”, e hizo notar que su declaración la hizo al mismo tiempo del inicio del proceso de elección judicial y hasta hizo notar que ya se encontraba en campaña.
Este martes El CEO informó que Grupo Elektra presentó en la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia por ejercicio ilícito del servicio público ya que considera que “los servidores públicos tienen el deber de conducirse con un alto nivel de cuidado frente a información que puede presumirse falsa o de cuya veracidad se puede llegar a dudar”.
También se recordó que Grupo Salinas presentó un recurso de impedimento para evitar que Ortiz Ahlf participe en las discusiones y decisiones de la SCJN respecto a los litigios que en el máximo tribunal se encuentran pendientes de resolver con el SAT.
