Ser reportero en México implica ejercer la profesión en un ambiente de abandono, impunidad, ausencia de estado de Derecho y desconfianza en las leyes e instituciones que deberían garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información.
Hablar de violencia contra el ejercicio periodístico en México va más allá de los más de 120 periodistas asesinados desde el año 2000 a la fecha, o de los seis homicidios ocurridos en lo que va del año en este mismo gremio: según reporteros de todo el país hoy día seis de cada 10 periodistas han sido víctimas de algún tipo de agresión.
El escenario de las dificultades para hacer periodismo en México es mucho más amplio y va desde la censura de los medios informativos por presiones comerciales e institucionales, la autocensura de los reporteros ante las agresiones, amenazas o presión de sus propios medios, las agresiones de funcionarios públicos o del crimen organizado y la falta de respuesta efectiva de las instituciones creadas para la protección de la labor periodística.
Es cierto, señalar las condiciones anteriores es como descubrir el hilo negro, se trata de situaciones ampliamente comentadas entre reporteros y editores, e incluso entre dueños de medios informativos –aunque poco hagan para siquiera enfrentarlo.
La diferencia al insistir en señalarlo de nuevo es que ahora existe evidencia específica de las condiciones señaladas a partir de un estudio hecho por el centro de investigación estratégica y análisis Parametría, la Universidad Iberoamericana, Freedom House y Transparencia Internacional, a través de la revista Este País.
En conjunto, las cuatro instituciones diseñaron y realizaron una encuesta a nivel nacional directamente aplicada a los periodistas, a quienes trabajan en el día a día o profundizan en el periodismo de investigación, para conocer su perspectiva sobre la práctica del periodismo en México.
El estudio, titulado “Libertad de expresión y ejercicio del periodismo en México”, expone un escenario crítico y de avance contracorriente para quienes se dedican a la actividad informativa en el país, en el que no existen las garantías para realizar su labor, lo que además representa un obstáculo para los intentos de desarrollo democrático en México.
Los resultados expuestos por las cuatro instituciones están basados en una encuesta realizada a través de preguntas directas a reporteros, editores y dueños de medios informativos en todo el país, quienes expusieron desde su propia perspectiva la situación en la que tienen que trabajar.
En el estudio participaron más de 60 periodistas, de los cuales un 64 por ciento trabajan fuera de la Ciudad de México, lo que permitió ampliar la perspectiva de la situación y que no se basara principalmente en una opinión centralizada.
De los encuestados 44% fueron mujeres y el resto hombres. Esta distribución favoreció una visión equitativa del ejercicio periodístico en cuestión de género.
Sólo para tener una idea del grave problema que enfrenta el ejercicio periodístico en el país pueden señalarse los principales y más graves señalamientos hechos en la encuesta:
61% de los periodistas ha recibido algún tipo de agresión física, psicológica, jurídica, digital o de otro tipo.
3 de cada 4 reporteros creen que las leyes e instituciones creadas para la protección de periodistas no garantizan la libertad de prensa y el ejercicio libre de la profesión (75%).
La mitad de los periodistas (51%) no confían en la información entregada por las plataformas de acceso público de transparencia.
El 93% considera que la censura es una práctica ejercida desde el interior de los medios de comunicación
Los tres principales sospechosos de la agresión a comunicadores son: Funcionarios Públicos (77%), desconocidos (47%) y Ejército o Policía (40%).
El estudio cuestiona desde parámetros éticos hasta las relaciones entre los propios reporteros y las de estos con sus medios, además de las formas de relación con funcionarios públicos y el sector empresarial, así como su preparación, formas de investigar y de utilizar herramientas de acceso a la información o nuevas tecnologías.
En materia de ineficacia institucional, sólo siete de cada 10 encuestados creen que las herramientas de acceso a la información han sido realmente útiles para su trabajo, aunque uno de cada 10 ni siquiera sabe cómo utilizarlas o ha tenido problemas para su aplicación en sus actividades de investigación o recopilación de datos.
De hecho, la mayoría, seis de cada 10 reporteros o editores siguen recurriendo como principal fuente a los funcionarios públicos, es decir a declaraciones directas. Cuatro de cada 10 consulta con áreas de comunicación social, y 58 por ciento recurren a sitios web, pero de las propias dependencias gubernamentales.
En cuanto a la censura, los periodistas consideraron en su gran mayoría que esta es ejercida desde los propios medios de comunicación ya que generalmente son los dueños y propietarios de medios quienes determinan finalmente los criterios editoriales o deciden “suavizar” o de plano no publicar información que comprometa o pueda perjudicar a ciertos grupos políticos o sociales.
También indicaron casi nueve de cada 10, que la principal presión y amenazas a su actividad provienen de los poderes locales, así como de la violencia de parte del crimen organizado, 88 %; y la publicidad oficial, 87 %.
El 69 % considera que no existe respaldo a su trabajo de parte del medio en el que trabaja y el 74 por ciento percibe como “débiles” a las instituciones, como la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, que fueron creadas para brindar garantías a su trabajo.
En síntesis sobre estos últimos puntos, el 33 % de los periodistas encuestados consideran que las instituciones como la FEADLE o el Mecanismo de Protección a Periodistas “nunca” garantizan la libertad de prensa o el ejercicio libre de la profesión y el 42 % creen que lo hacen “ocasionalmente”.
Uno de los aspectos que también destaca la encuesta es que en los casos de amenazas o agresión a los periodistas en México, la mayoría prefiere crear redes de protección entre sus familiares y amigos, compañeros del gremio, antes que acudir con las instituciones que supuestamente han sido creadas para su salvaguarda.
Esta predisposición de los reporteros, editores y dueños de medios expone el nivel de desconfianza que existe entre el gremio sobre el trabajo institucional, principalmente ante los nulos resultados que el trabajo gubernamental ha tenido para enfrentar un escenario complicado y riesgoso para el ejercicio periodístico en México.
El estudio, que puede consultarse completo en el sitio web de Parametría, exhibe una visión completamente contraria a la que en los últimos meses el gobierno de la República Mexicana ha intentado construir, en la que la atención a los delitos cometidos contra la libertad de expresión, el derecho a la información y el periodismo en México, ha sido eficiente.
No se trata sólo de la impunidad en cada caso de asesinato, como ya se comentaba antes, sino de un ambiente de “simulación” institucional en el que sobran reformas a las leyes, o nuevas figuras jurídicas, instituciones creadas para el caso, e incluso narrativas gubernamentales basadas en falacias en las que se afirma que sí existen garantías para hacer periodismo en México.
Los reporteros mexicanos viven en un ambiente de constante incertidumbre en el que no se sabe desde que dirección llegará algo que afectará no sólo su labor, sino además su estabilidad económica, emocional o incluso su vida o la de sus familiares.
Los datos están expuestos desde la opinión directa de los reporteros en todo México, negarlos sería intentar hacer lo mismo que muchos periodistas tienen que hacer día con día en su trabajo: censurar –por su seguridad- o negar una realidad que se impone y a la que el gobierno de México no parece tener una voluntad real de atender.
