La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado al Congreso de la Unión para que dentro del análisis de los proyectos sobre la creación de la Guardia Nacional y la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión oficiosa, se privilegie el respeto a las garantías individuales estipuladas en la Constitución.
En un comunicado, señaló que el Pleno del Consejo Consultivo de este organismo aprobó realizar este exhorto a los legisladores, en virtud de la preocupación que existe de que ante la situación de violencia que prevalece en el país, en vez de buscar la construcción de soluciones integrales, se opte por salidas reactivas y parciales que entrañan restricciones de las libertades y los derechos ciudadanos.
Ante la inminente aprobación de estos dictámenes, la CNDH advirtió que en sus actuales términos el proyecto de la Guardia Nacional no es pertinente ni viable, toda vez que no contribuye sustantivamente a combatir la impunidad, que es el uno de las principales causas de la problemática de inseguridad. En cambio, argumenta, vulnera principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos sobre la regulación de las fuerzas castrenses en materia de seguridad, que el Estado mexicano tiene la obligación legal de cumplir en virtud los convenios suscritos. Cuestionó asimismo, la descalificación desde el gobierno a las opiniones de los especialistas.
“Es motivo de preocupación que sociedad civil, expertos, académicos y organismos nacionales e internacionales hayan sido descalificados o cuestionados por la expresión de sus puntos de vista en diversos foros y espacios para construir las leyes y políticas que México requiere en los ámbitos de seguridad y justicia, como fue el caso de quienes hicieron pública su oposición a la Guardia Nacional. También preocupa el nuevo papel que, como consecuencia del replanteamiento de la Guardia Nacional, se pretende dar a las Fuerzas Armadas, al asignarles tareas de obra pública, adquisiciones y otras funciones ajenas a las que constitucionalmente tienen encomendadas, con lo cual incrementan su presencia en labores reservadas a las instituciones civiles”, se lee en el documento.
Por otra parte, la CNDH calificó como un contrasentido la reforma al Artículo 19 Constitucional a fin de ampliar los delitos que ameritan prisión oficiosa; consideró que atenta contra los derechos fundamentales y contraviene la reciente reforma al sistema de justicia penal cuyas leyes reglamentarias, están aún en proceso de implementación.
Anotó que más que aumentar el catálogo de ilícitos, se le debe apostar al fortalecimiento a las 33 fiscalías generales de justicia, mediante el ejercicio de una autonomía plena y efectiva, así como la capacitación y formación de los operadores del sistema en todos sus niveles jerárquicos y de responsabilidades. Insistió en el abatimiento de la impunidad.
“En la construcción de políticas públicas y estrategias para el fortalecimiento de la seguridad pública, los derechos humanos no pueden ser ignorados y deben observarse como pieza fundamental y eje central en el fortalecimiento de la vida democrática nacional”, concluye el boletín.
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