Una característica de los regímenes autoritarios, es su tendencia a atacar a sus contrapesos, en especial al Poder Judicial.
Ejemplos sobran alrededor del mundo, tanto de derechas e izquierdas populistas como en Hungría, Israel, El Salvador y por supuesto: México.
Una constante en el gobierno de López Obrador, han sido sus arrebatos de intolerancia y hasta violencia ante la crítica u oposición a su gobierno o a sus ideas. El presidente no soporta la idea de compartir la toma de decisiones públicas con alguien más.
Desde sus primeros días de gobierno en 2018, López Obrador denunció los ‘abusos y excesos’ de los ministros de la SCJN. Incluso intentó someterlos a un tabulador salarial a través de su Ley de Austeridad, pero no logró su objetivo, la propio Corte desechó esta posibilidad, ya que un poder (el ejecutivo) no puede intervenir administrativamente en la vida interna de otro poder (el judicial).
Luego vimos al presidente en una extraña “luna de miel” con el Poder Judicial, no los tocaba ni con el pétalo de una declaración mañanera. Este desliz amoroso vio su fin al concluir el periodo del muy servil Arturo Zaldívar como presidente de la Corte.
En un dejo de desprecio a la ley y al orden constitucional, Lopez Obrador intentó infructuosamente prolongar la presidencia de Zaldívar, argumentando que su permanencia al frente de la Corte era necesaria para ‘echar a andar su reforma al Poder Judicial’.
Luego intentó imponer a Yasmín Ezquivel, esposa de su amigo y contratista de cabecera, en la presidencia de la Corte, pero falló nuevamente debido a que salió a la luz pública el descarado plagio de las tesis de Licenciatura y Doctorado de la ministra.
A pesar de las resistencias del régimen obradorista, la ministra Norma Piña fue electa presidenta de la SCJN, esto representó un punto de quiebre en la relación de López Obrador con el Poder Judicial.
A partir de entonces, la Suprema Corte ha hecho valer su autonomía como poder del Estado. Fueron invalidadas varias reformas a todas luces inconstitucionales impulsadas a la mala por López Obrador, como el llamado “Plan B” para destazar al INE o la militarización de la Guardia Nacional.
Después de estos reveses en la Corte, la aversión del Poder Ejecutivo al Poder Judicial se hizo notar, se desató la furia presidencial y regresó la retórica incendiaria en contra de ministros, jueces y magistrados, pero especialmente en contra de la nueva ministra presidente.
López Obrador ha llegado al extremo de anunciar su intención de reformar la Constitución para que los ministros sean electos por “el pueblo”, reconociendo abiertamente que aspira a colocar jueces a modo para eliminar sistemáticamente cualquier disidencia en la esfera judicial.
La gota que derramó el vaso, fue la decisión de la Corte de permitir al pleno del INAI sesionar legalmente con sólo cuatro comisionados, esto frustró los planes del presidente de sabotear la operación de este instituto y así evadir sus responsabilidades en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Para vengarse por este ‘desafío a su autoridad’, Lopez Obrador instruyó a su empleados legislativos en el congreso a extinguir trece fideicomisos administrativos, con la clara intención de dejar inoperante al Poder Judicial.
Al presidente no le importó que con esta medida se pisoteen los derechos laborales de más de 55 mil trabajadores; le importó nada poner en riesgo su acceso a la vivienda, sus pensiones, su tratamiento de enfermedades; no solo para ellos sino para sus familias.
López Obrador desoyó el enorme descontento que su medida generó en la base trabajadora del Poder Judicial, también ignoró la inmediata reacción de la ciudadanía que salió a las calles en defensa de la democracia y la división de poderes.
Incluso hubo resistencias dentro de sus propias bancadas en el Congreso; ahí están los casos de los Alejandro Rojas Diaz-Duran y Olga Sánchez Cordero, quienes votaron en contra de la desaparición de los fideicomisos.
Se espera una lluvia de amparos enderezada por trabajadores del Poder Judicial, también se esperan las acciones de inconstitucionalidad por parte de la oposición en contra de la extinción de estos fideicomisos. Paradójicamente, este asunto terminará en manos de la propia Corte de la cual el presidente pretende vengarse.
Los ataques presidenciales no se detendrán mientras exista el Poder Judicial o cualquier otro contrapeso al presidente, es evidente que la cruzada que López Obrador ha emprendido para eliminar la disidencia y cualquier límite a su autoridad va a continuar hasta el último día de su mandato, y quizá más allá.
Vale la pena recordarle al presidente que al igual que el INE, el INAI, y cualquier órgano constitucional autónomo, el Poder Judicial no se toca; y que su guerra correrá la misma suerte que sus fallidas reformas: terminará en el basurero de la historia.
