Nicolás Maduro está decidido a defender su mandato. La toma de Caracas este 1 de septiembre, y el revocatorio en su contra son claras amenazas a su chavismo ferviente, por lo que ha decidido tomar medidas más serias.
A cinco días de la mega marcha en la capital venezolana que supone una gran expresión del pueblo para exigir que se concrete el referendo que busca un nuevo gobierno, mejoras en la salud, la educación, el trabajo, en la seguridad, entre otras cosas. El gobierno de Maduro, trasladó a Daniel Ceballos, ex alcalde de San Cristóbal, quien estaba en arresto domiciliario desde el 2015, a una cárcel de la ciudad.
Según los agentes de la inteligencia de Venezuela, descubrieron un presunto plan de Ceballos, para "fugarse días antes del próximo 1 de septiembre, a fin de dirigir y coordinar actos de violencia en el país”. De esta manera, el Ministerio de Interior y Justicia solicitó la suspensión del arresto domiciliario y se ordenó el traslado a prisión.
De acuerdo con Patricia Ceballos, ingeniera, activista y esposa del dirigente, los agentes llegaron a la residencia familiar a las 3:00 horas de este sábado y dijeron que le iban a realizar un examen médico al ex alcalde, al que le fue concedido el arresto domiciliario por razones de salud.
Ceballos fue detenido en 2014, acusado de fomentar la violencia en las protestas de ese año, en las que murieron 43 personas y por las que , Leopoldo López fue condenado a 14 años de cárcel.
El político se declaró inocente; la oposición, al igual que a su compañero lo considera un preso político, mientras que el presidente Nicolás Maduro lo tacha de criminal que busca desestabilizar al país y niega la existencia de presos políticos.
Para Estados Unidos, la maniobra pretende obstaculizar la marcha convocada por los grupos opositores para el 1 de septiembre.
“Este traslado representa un intento de intimidar y obstaculizar el derecho del pueblo venezolano a expresar pacíficamente su opinión el 1 de septiembre. Lo condenamos y pedimos su inmediata liberación”, indicó el domingo el portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, en un comunicado. Y añadió: “los más básicos apuntalamientos del Estado de derecho en Venezuela han sido degradados a un nivel alarmante. No hay lugar en una sociedad democrática para emplear los instrumentos del Estado para abusar, intimidar y silenciar a la oposición política”.
(Con información de ABC y BBC)
cdrp