El asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, por cuya muerte hay ocho sospechosos detenidos de haber participado en el crimen, ha sido relanzado en Honduras, como parte de las campañas electorales con miras a los comicios del próximo 26 de noviembre.
Olivia Zúñiga Cáceres, que es candidata del izquierdista Partido Libertad y Refundación (LIire) al congreso nacional y una de las hijas de la activista desaparecida, gestionó en el marco de su campaña, la presentación de un reporte especial sobre el caso, a través de un Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE).
En el reporte se manifiesta que directivos de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) participaron como los autores intelectuales en el asesinato de la ambientalista que se oponía a la construcción de una hidroeléctrica por parte de esa compañía; el crimen ocurrido el mes de marzo del año pasado, conmocionó a la comunidad internacional.
Aunque no se identifica a nadie, se menciona la presunta participación de agentes del estado en el homicidio, por lo que el llamado grupo investigador independiente, invitado a Honduras como observadores electorales del Partido Libre, sostiene que se trata de un “crimen de estado”.
El grupo de expertos, que encabeza el abogado colombiano Jorge Molano, desechó cualquier contacto oficial con autoridades de gobierno para llevar a cabo sus investigaciones, lo que a juicio de expertos y analistas como Octavio Ramón Romero, politólogo de la Universidad de Chile, “genera la sensación de que este reporte tiene el fin de ayudar a la oposición a desacreditar el proceso electoral”.
Hasta la fecha, la justicia hondureña ha detenido a ocho implicados en el asesinato de la activista: Mariano Díaz Chávez, mayor del ejército y veterano de las fuerzas especiales; Douglas Giovanny Bustillo, lugarteniente retirado del ejército y ex jefe de seguridad de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) entre 2013 y 2015; Henry Javier Hernández Rodríguez, sargento y francotirador de las fuerzas especiales.
También han sido detenidos Sergio Rodríguez Orellana, gerente del área social, ambiental y comunicaciones de DESA; Edilson Atilio Duarte, autor material del crimen; Emerson Eusebio Duarte, hermano gemelo de Edilson; Óscar Aroldo Torres Velásquez; y Elvin Rápalo Orellana, detenido como “coautor” del asesinato de Cáceres y quien supuestamente disparó contra el mexicano Gustavo Castro, testigo principal del crimen.
Berta Cáceres fue ganadora del premio Goldman por su lucha a favor del medio ambiente y protestaba contra el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, cuando fue asesinada.
Tras el asesinato de Cáceres, el Banco Holandés de Desarrollo (FMO) -una de las instituciones que financia la Hidroeléctrica de Agua Zarca- invitó a cuatro expertos internacionales para que revisaran el proyecto, y aunque el informe resultante ratificaba la violencia sufrida por las comunidades durante estos años, advertía que “sin el proyecto, estas comunidades han experimentado una recesión social significativa”.
En los últimos meses, mientras el COPINH alega que Agua Zarca causa daño a las comunidades indígenas, miembros de varias comunidades de los departamentos de Santa Bárbara e Intibucá, de donde es candidata la hija de Berta Cáceres, demandan la reactivación del proyecto. De las 11 comunidades beneficiadas, sólo la mitad está en contra de la hidroeléctrica, expuso Josefina Bautista, una lideresa social y promotora de la inversión.
