Doce años después de que la cantante Paulina Rubio interpusiera una demanda contra varios programas españoles por difundir rumores de su entonces novio, Ricardo Bofill (1995-2004), su orientación sexual, el uso de drogas e incluso un aborto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó el pasado martes a España por no proteger el derecho al respeto a la vida privada y familiar de la mexicana.
La sentencia dictamina que la fama de la cantante “no supone que sus actividades o conductas en la vida privada deban ser vistos como necesariamente de interés público ni autoriza a los medios a difundir comentarios no verificados sobre su vida privada”, según informó AFP.
"Ella no buscaba dinero, sino esta especie de victoria moral que protege su intimidad. Esta sentencia es muy dura, muy importante y algo novedoso. Ella recibió la noticia con enorme alegría y satisfacción”, dijo su abogado Javier Saavedra a el diario El Español.
Fue en mayo de 2005 cuando “La chica dorada” presentó una demanda civil ante un tribunal de Madrid contra su ex asistente, Fran José Benedicto, así como varios presentadores de televisión y empresas de medios de comunicación privadas, pero en 2007 fue desestimada por el juez, quien en su decisión señaló que "los rumores sobre el lesbianismo de Rubio existieron durante años en Iberoamérica", por lo que "ya no eran privados". Rubio intentó sin éxito apelar.
La Audiencia de Madrid confirmó ese veredicto ocho meses más tarde. Fue entonces cuando la cantante decidió recurrir al Tribunal Europeo, recuerda EFE.
En los populares programas de chismes “Dónde estás corazón” (el 22 de abril), “Aquí hay tomate” (el 26 de abril) y “Crónicas marcianas” (el 4 de mayo) hicieron los comentarios sobre la homosexualidad de Paulina Rubio, pero también de que incitaba a su pareja a consumir drogas, así como que la "relación tormentosa" con Bofill incluía "malos tratos" y "humillaciones", y de su "convivencia con una lesbiana muy conocida".
De acuerdo con AFP, el Tribunal con sede en, Estrasburgo, Francia, concluyó que los periodistas deben tener "prudencia y precaución" en el tratamiento informativo, y los tribunales nacionales sopesar lo que afecta a la vida privada y lo que supone un "interés legítimo para el público".
No se estableció ninguna indemnización por daños y perjuicios, ya que la artista no "presentó una solicitud de satisfacción justa dentro del plazo".
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