La bancada del partido Fuerza Popular —fujimorista, de oposición— ya no solo bloquea y ataca al Ejecutivo encabezado por Pedro Pablo Kuczynski, además promueve la destitución del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, mediante acusaciones constitucionales. La ofensiva, que no ha merecido reacción por parte del presidente, ha sido rechazada por más de 50 instituciones, entre ellas gremios profesionales, tribunales, cámaras de comercio, la propia Fiscalía, y universidades
Las facultades de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad Católica estuvieron entre las primeras entidades en manifestarse contra la pretensión del fujimorismo, y se han sumado la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Conferencia Episcopal Peruana, la Junta de Fiscales Supremos, la sala plena de la Corte de Lima, además de decenas de organismos de la sociedad civil de Lima y de regiones.
“Es la crisis institucional más grave desde el retorno a la democracia, afecta a los poderes constitucionalmente autónomos y a los contrarios a la mayoría del Congreso. Se está instalando una dictadura parlamentaria”, valoró Jorge Bracamonte, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
La amenaza fujimorista evoca la destitución, en 1997, de tres magistrados del Tribunal Constitucional durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000). Entonces, los juristas se expresaron contra la segunda reelección del autócrata, pues estaba prohibida, pero los legisladores oficialistas la llevaron adelante con una “ley de interpretación auténtica” de la Constitución.
Fujimori cumple una condena de 25 años de prisión en Lima por crímenes de lesa humanidad, corrupción y secuestro agravado.
Ahora, la amenaza de Fuerza Popular parece ser la revancha contra una sentencia del Constitucional que, en septiembre, declaró inaplicable una parte de la denominada “ley antitránsfuga”, promovida por el fujimorismo para recortar los derechos de los parlamentarios e inhibir la salida de otros miembros de la bancada.
El fujimorismo ha perdido una congresista en menos de un año, y el hermano menor de la líder Keiko Fujimori, el congresista Kenji Fujimori, no siempre se alinea con las consignas de la excandidata presidencial. Cuentan con 72 de 130 congresistas.
Entre otras restricciones, la norma indicaba que los congresistas que renunciaran o fueran expulsados de sus bancadas no tendrían derecho a incorporarse a otro grupo político: el Tribunal Constitucional anuló dicha limitación.
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