Después de que el gobierno interino de Bolivia declarara personas “no gratas” y expulsara de ese país a Cristina Borreguero y Álvaro Fernández, encargada de Negocios y cónsul de España, respectivamente, el gobierno español ha decidido, en reciprocidad, expulsar a tres diplomáticos bolivianos.
Tras los hechos del viernes, cuando vehículos oficiales de la Embajada española intentaron llegar con personas embozadas a la legación mexicana en La Paz, estalló el conflicto con el gobierno boliviano, quien protestó ante las autoridades de Madrid el proceder de sus diplomáticos, a lo cual el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España respondió el sábado pasado al mandar hacer una investigación de los hechos.
Sin embargo, hoy la presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, determinó el domingo expulsar de su país a diplomáticos españoles, Borreguero y Fernández, y a la embajadora de México, María Teresa Mercado.
Según la mandataria del país sudamericano, “este grupo de representantes de los gobiernos de México y de España ha lesionado gravemente la soberanía y la dignidad del pueblo y del gobierno constitucional de Bolivia”.
Por lo tanto, expresó Áñez, “la conducta hostil intentando ingresar de forma subrepticia y clandestina a la residencia de México en Bolivia desafiando a los oficiales policiales bolivianos y los propios ciudadanos son hechos que no podemos dejar pasar”.
España ha respondido con la expulsión de tres diplomáticos bolivianos: Luis Quispe Condori, encargado de Negocios, y Marcelo Vargas Barral y Orso Fernando Oblitas Siles, agregados militar y policial, respectivamente.
En su comunicado para dar a conocer estas medidas, el gobierno español afirma que “rechaza tajantemente cualquier insinuación sobre una supuesta voluntad de injerencia en los asuntos políticos internos de Bolivia. Para España, cualquier afirmación en este sentido constituye una calumnia dirigida a dañar nuestras relaciones bilaterales con falsas teorías conspiratorias”.
Recuerda que España ha sido siempre “un país abierto a los ciudadanos bolivianos que han querido vivir en nuestro país, siendo en la actualidad cerca de 200.000 y encontrándose plenamente integrados en nuestra sociedad”.
Y remata: “España exige que el actual Gobierno interino de Bolivia reconduzca y desescale los contenidos de sus afirmaciones y se recupere cuanto antes el buen sentido de confianza y cooperación entre nuestros dos países, tan necesario ahora como siempre”.
