El Departamento de Estado de Estados Unidos concedió la extradición a Perú del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), investigado en su país por los presuntos delitos de colusión agravada y lavado de activos, informó la Fiscalía peruana.
“La Fiscalía de la Nación, como autoridad central en materia de extradiciones, informa que se ha tomado conocimiento que el Departamento de Estado de EE. UU. concedió la extradición de Alejandro Toledo Manrique, por los delitos de colusión y lavado de activos”, indicó vía Twitter.
En otro mensaje, la fuente explicó que la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía peruana “viene realizando las coordinaciones con las autoridades nacionales y extranjeras para la próxima ejecución de su extradición” al país andino.
Contra Toledo pesan acusaciones fiscales por presuntamente recibir millonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht con el fin de beneficiarla con obras públicas durante su gobierno.
Tras el anuncio de la Fiscalía, el exprocurador anticorrupción Iván Meini declaró a la privada emisora Radio Programas del Perú que es necesario que a nivel de gobierno se pongan de acuerdo para que el exmandatario regrese al país y responda “por los grandes cargos” que se le atribuyen.
Consideró que la entrega del expresidente “debería ser inminente porque ya no hay más recursos que interponer” y que el procedimiento de extradición concluyó.
Añadió que “es altamente probable que el Ministerio Público, a raíz de la contundencia de los indicios y el peligro de fuga de Toledo, pida una detención preventiva” en su contra, con lo que podría ser recluido en la cárcel de Barbadillo en Lima.
Aclaró que a Toledo, quien fue detenido en California en 2019, “ya no le beneficia ninguna prerrogativa porque ya pasó el plazo de cinco años desde su gobierno, como establece la Constitución”, por lo que estará “sometido a las reglas de cualquier ciudadano de a pie”.
El exjefe de Estado se encuentra prófugo de la Justicia peruana en EE. UU. desde el 2017, en el marco de una investigación que le sigue por los presuntos delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos en agravio del Estado peruano.
Tras ser detenido en julio de 2019 en Estados Unidos, Toledo permaneció ocho meses en prisión por considerar el juez la existencia de peligro de fuga, pero desde marzo de 2020 pasó a arresto domiciliario por la pandemia de COVID-19.
*Xinhua/ofv
