La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, pidió este viernes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas de protección para ella y todos los funcionarios de ese organismo, esto luego de que el Tribunal Supremo de Justicia le prohibiera salir del país y congelara sus cuentas bancarias como parte de un proceso para promover su destitución.
A través de su cuenta de Twitter, Ortega Díaz anunció lo anterior y denunció que en las últimas semanas ella y su esposo, el diputado Germán Ferre, han recibido llamadas amenazantes, además de que son perseguidos constantemente por vehículos desconocidos.
El pasado 20 de junio, el máximo tribunal admitió una solicitud de juicio político en contra de la fiscal, promovida por el diputado oficialista Pedro Carreño, quien imputó “faltas graves” en el cumplimiento de su cargo. Asimismo planteó designar una comisión médica para evaluar a Ortega Díaz por presunta “insania mental”. El pleno fijó para el 4 de julio una audiencia pública en la que la funcionaria deberá presentar sus alegatos.
Los desencuentros de Ortega Díaz con el gobierno de Nicolás Maduro comenzaron en marzo pasado, luego de que impugnara la convocatoria del mandatario para una nueva Asamblea Constituyente, por considerarla violatoria del orden constitucional y los derechos humanos.
Tras sus pronunciamientos, algunas figuras del gobierno calificaron como “traidora” a la fiscal, y han anunciado que una de las primeras acciones que tomará la Asamblea Nacional Constituyente será destituirla.
(Con información AP)
arg
