Luego de tener en su territorio a dos de las ciudades más peligrosas del mundo, los avances en materia de seguridad han permitido a Honduras ser calificado como el país latinoamericano con el mejor puntaje en el Índice Global de Ley y Orden que realiza la compañía internacional Gallup, que evalúa los esfuerzos de los gobiernos por mejorar la paz en la convivencia social de sus habitantes.
Los resultados del Global Law and Order indican que el país obtuvo una calificación de 72 de 100, superando a países de la región que no han tenido problemas de inseguridad tan marcados, como Chile y Uruguay.
De acuerdo a la oficina de Gallup en Washington, Honduras logró una ganancia de ocho puntos en todos los indicadores, al pasar de 64 en 2015 a 72 en 2016, lo que se refleja en que en ese mismo período, por ejemplo, la confianza en la policía local pasó de 29 a 50%, y el porcentaje de gente que se siente segura caminando de noche por sus calles se incrementó de 48 a 59%.
Este reporte elaborado por una institución no gubernamental e independiente, es coincidente con las cifras oficiales que indican que en los últimos cuatro años, el número de muertes violentas se ha reducido de 95 por cada 100 mil al año, a 40 en 2016, más de la mitad de la incidencia.
El presidente Juan Orlando Hernández, que busca la reelección en la actual campaña electoral que culminará con la apertura de las urnas el 26 de noviembre, pidió a la población “blindar con su voto” los programas que han logrado disminuir la inseguridad en el país, particularmente la Policía Militar, las extradiciones de delincuentes ligados al narcotráfico y las cárceles de máxima seguridad.
Honduras ha enviado a Estados Unidos a 17 capos de la droga, ha cerrado 12 narcolaboratorios e inhabilitado 150 pistas de aterrizaje utilizados para el trasiego de droga. “Voy a seguir de frente, haciendo todo lo que sea necesario para recuperar la paz en Honduras”, resaltó en Tegucigalpa el presidente Hernández.
Por su parte, Salvador Nasralla, candidato de la Alianza de Oposición, hace campaña pidiendo el cierre de las cárceles de máxima seguridad, prometiendo el regreso de los militares a los cuarteles y ofreciendo usar esos recursos para apoyo a la educación y la entrega de “bonos tecnológicos” para los agricultores. “En Honduras se invierte más en cárceles que en educación”, señala.
La polarización política que se vive en estos días ha creado tensiones entre quienes reconocen los avances en materia de seguridad y quienes cuestionan esos resultados. Sobre todo luego de que el lunes pasado, un activista del gobernante Partido Nacional, de nombre Mauricio González, fue asesinado por un grupo de delincuentes que días antes, según testigos, lo habían amenazado para que dejara de apoyar al presidente Hernández.
La versión fue corroborada por las autoridades al dar a conocer que, junto al cadáver, fue dejada una cartulina que reza: “Este es un ejemplo para los que apoyan a JOH (Juan Orlando Hernández)”. Hay indicios de que los asesinos están vinculados con la banda conocida como Maras, uno de los grupos delictivos a los que las fuerzas de seguridad han mantenido a raya descabezando a una docena de sus principales dirigentes.
El propio presidente de la república salió a condenar al crimen mientras realizaba una gira para entregar apoyos a afectados por las lluvias en la zona de La Mosquitia, y ofreció que su gobierno hará todo lo que sea necesario para identificar y detener a los asesinos.
“La opción de los electores es clara, se trata de seguir mejorando en materia de seguridad, o de regresar a las épocas donde la delincuencia tenía de rodillas al pueblo hondureño”, dijo el dirigente del oficialista Partido Nacional, Reinaldo Sánchez.
