La organización de derechos humanos Human Right Watch (HRW) y el Programa Venezolano de Educacción-Acción (Provea), presentaron este lunes, en conjunto, un informe que denuncia los maltratos durante las redadas policiales y militares en zonas populares de dicho país.
El informe titulado “Poder sin Límites: Redadas policiales y militares en comunidades populares y de inmigrantes en Venezuela” analiza a lo largo de 43 páginas el abuso durante los operativos de seguridad pública realizados desde julio de 2015.
José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de HRW, declaró que la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), que se anunció como una iniciativa para combatir a bandas criminales, atenta en contra de los derechos humanos.
“Los venezolanos enfrentan uno de los índices de homicidios más altos del hemisferio y necesitan ser protegidos eficazmente y con urgencia ante delitos violentos. Sin embargo, en múltiples redadas a lo largo del país, las propias fuerzas de seguridad habrían cometido abusos violentos – incluyendo asesinatos – nada menos que contra las mismas comunidades que necesitan su protección”.
Las redadas policiales y militares en comunidades populares y de inmigrantes se han convertido en denuncias generalizadas de abusos, las cuales incluyen, casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias masivas, maltrato de detenidos, desalojos forzosos, la destrucción de viviendas y la deportación arbitraria de ciudadanos colombianos.
Para elaborar el informe las organizaciones analizaron declaraciones de decenas de residentes en Caracas, Carabobo, Miranda, Nueva Esparta, Vargas y Zulia, ciudades donde detectaron el mayor número de abusos durante redadas. Mientras que en Mérida y Táchira entrevistaron a defensores de los derechos humanos que documentaron abusos.
El documento señala que en febrero de este año, la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, aseguró que en 2015, 245 personas murieron en el marco de la OLP en casos en que “intervinieron funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad”.
“En reiteradas declaraciones, funcionarios del gobierno han afirmado que estas muertes se produjeron durante enfrentamientos con delincuentes armados. No obstante, Poder sin Límites expone 20 casos en los cuales familiares de víctimas o testigos indicaron que no se había producido ningún enfrentamiento, incluidos varios casos en los cuales las víctimas fueron vistas con vida por última vez mientras estaban bajo custodia policial”.
A pesar de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro no presenta cifras totales sobre las fuerzas de seguridad que murieron o resultaron heridos durante redadas de la OLP, los organismos encargados del informe identificaron 17 casos en los que los familiares de las víctimas advirtieron que no se produjo ningún choque.
“Los operativos, identificaron tres casos en los cuales se informó que habían muerto agentes de seguridad y 14 en los cuales agentes habrían resultado heridos. La enorme disparidad en la cantidad de víctimas fatales resta credibilidad a la afirmación del gobierno de que las muertes se produjeron en situaciones en que delincuentes enfrentaron de manera violenta a la policía”.
Los organismos señalan que durante más de una década, el gobierno venezolano ha ejercido sobre sus críticos y opositores un poder prácticamente sin límites, además de que ha realizado acciones como encarcelar a políticos, crear listas negras de sindicalistas, censurar y clausurar medios de comunicación, perseguir a defensores de derechos humanos y reprimir manifestaciones pacíficas.
“Las redadas en el marco de la OLP dejaron en evidencia hasta qué punto los venezolanos de todos los signos políticos, incluidas personas en comunidades donde el gobierno ha gozado de amplio apoyo, se encuentran indefensos ante abusos gubernamentales”, dijo Rafael Uzcátegui, director ejecutivo de PROVEA.
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