El llamado Grupo de Lima, formado en agosto de 2017 por 14 países americanos para abordar la crisis de Venezuela, reafirmó este lunes en su reunión de Ottawa (Canadá) el apoyo al que consideran único presidente legítimo del país caribeño, Juan Guaidó, pero rechazó el “uso de la fuerza” para forzar la marcha de Nicolás Maduro. Este explícito rechazo contrasta con la postura de Estados Unidos, que no es miembro del grupo y repite como un mantra que “todas las opciones están sobre la mesa” en el conflicto venezolano, incluida la militar.
La ministra de Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, se mostró especialmente enfática al respecto cuando fue preguntada en la rueda de prensa posterior a la cumbre. A la cuestión de si la intervención militar quedaba descartada por su parte, respondió que “sí” y añadió: “Deje que le lea el punto 16 de la declaración: los países del Grupo de Lima reiteran su apoyo a un proceso de transición pacífica a través de medios diplomáticos y políticos sin el uso de la fuerza. Esa es la posición de Canadá”, afirmó. El canciller peruano, Néstor Popolizio, coincidió en que la acción militar “no se vería con buenos ojos” desde su país.
La declaración fue firmada por la mayor parte de los fundadores del Grupo de Lima (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú). México, que junto con Uruguay mantiene una postura neutral, no acudió a la cumbre de urgencia. En el texto también llaman a las Fuerzas Armadas venezolanas a “demostrar su lealtad” a Guaidó, como único mandatario constitucional, y permitir la entrada de ayuda humanitaria al país. Este fue uno de los grandes asuntos que se trataron en la jornada. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anfitrión de la cita, calificó el régimen de Maduro de “dictadura inaceptable” y anunció una partida de 53 millones de dólares estadounidenses (unos 46 millones de euros) en asistencia a Venezuela, que se suman a los 20 previamente anunciados por la Administración de Donald Trump.
La cuestión es cómo hacerlo llegar. Pese a la creciente presión, el Ejército venezolano sigue respaldando a Maduro, que se niega a convocar elecciones y rechaza abrir un canal humanitario para distribuir la ayuda procedente de esos mismos países que le niegan la legitimidad como mandatario. EE UU y Colombia están coordinando un primer intento de introducir un envío de ayuda esta misma semana en el país sudamericano, lo que pone a las fuerzas armadas en el brete de impedirlo y, con ello, impedir que lleguen a la población alimentos y medicinas.
Bajo la pugna por la ayuda subyace un pulso mucho más político: la población venezolana vive en una situación casi límite, con un retroceso económico de alrededor del 50% en los últimos cinco años (algo difícil de asumir en países que no se han visto golpeados por una guerra) y una hiperinflación que prácticamente ha roto el sistema de precios. Más de dos millones de personas han tenido que dejar el país sudamericano en los últimos años. Hay un papel de villano en juego, y la comunidad internacional necesita asegurarse de que siga asignándosele a Maduro.
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