“¡Arrástrate como un gusano!”, gritaban soldados a Paula Colmenarez Boscán, una estudiante de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, tras ser detenida en el este de Caracas en una movilización contra Nicolás Maduro en julio. “Me arrestaron decenas de militares. Me manoseaban la entrepierna mientras me trasladaban en una motocicleta. Me cubrieron la cabeza, me golpearon y robaron el celular. Solo me liberaron cuando se hizo viral una foto en la que aparecía siendo arrestada”, dice.
Su ejemplo ha alertado a instancias internacionales acerca de la creciente represión en Venezuela. El martes, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas señaló al Gobierno de Maduro por el uso “generalizado y sistemático” de “fuerza excesiva” contra miles de manifestantes. El comunicado denunciaba detenciones arbitrarias, tratos crueles y torturas a disidentes durante las protestas de la oposición, que han entrado ya en su quinto mes. Tarek William Saab, defensor del pueblo y fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, no respondió a EL PAÍS sobre este informe.
Tamara Taraciuk, de Human Rights Watch (HRW), dibuja un perfil de los torturados. “Son mayormente disidentes o críticos. No son solo aquellos líderes opositores conocidos, sino que se trata de ciudadanos de a pie que el Gobierno considera disidentes simplemente por participar en manifestaciones o por estar pasando cerca de una”, explica.
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