“Nosotros no queremos una Fuerza Armada que se pase a la oposición, queremos una Fuerza Armada que se pase a la Constitución”.
Con esas palabras se dirigió el presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela a los militares de su país para pedirles tomar posición en el conflicto surgido entre el Poder Legislativo, controlado por la oposición, y el Ejecutivo, controlado por Nicolás Maduro.
La expresión, sin embargo, no pertenece al actual presidente de la AN, el diputado Juan Guaidó, quien el pasado 23 de enero se juramentó como presidente encargado de Venezuela en un acto calificado por el presidente Nicolás Maduro como un “intento de golpe de Estado”.
La frase corresponde a Julio Borges, el diputado que ocupó la presidencia de la AN en 2017 y fue pronunciada en el marco de la ola de protestas antigubernamentales que sacudieron a Venezuela ese año.
Su similitud con los llamados que dos años más tarde hace Guaidó revela no solo el estancamiento en el choque de poderes que vive Venezuela desde que en 2016 la oposición se hizo con el control de la AN, sino también el papel central que se le atribuye a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en la definición de la crisis que sacude a ese país.
La coyuntura ha cambiado. Mientras en 2017 las protestas respondían a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de despojar de competencias a la AN, en 2019 el descontento surge de la asunción por parte de Maduro de un segundo mandato presidencial para el que fue electo en unos comicios que la oposición tacha de fraudulentos.
Otra diferencia es que ahora el conflicto ha llevado a una alta implicación de la comunidad internacional.
Estados Unidos, la Unión Europea y la mayor parte de los países de América Latina han decidido desconocer al gobierno de Maduro, mientras que Rusia, China, Turquía y otros países de la región como Bolivia, Nicaragua y Cuba respaldan al mandatario chavista.
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