La Policía Nacional paró en la mañana del martes al periodista del Diario de Mallorca Kiko Mestre para requisarle su teléfono personal. Por la tarde acudió a la sede de Europa Press en Baleares para hacer lo mismo con otra periodista. También se llevaron varios ordenadores de la redacción. Los agentes esgrimieron una orden judicial del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma que, a instancias del empresario Bartolomé Cursach -acusado de casi una veintena de delitos, todos muy graves- ha pedido que se investigue la publicación de ciertas informaciones sobre su caso.
La actuación de los agentes, a instancias del juez, ha provocado la reacción inmediata de asociaciones de periodistas y de plataformas en defensa de la libertad de prensa. La fiscal general del Estado, María José Segarra, se ha visto obligada a salir al paso de las críticas porque la Fiscalía de Baleares apoyó esa intervención de la Policía. Ha afirmado que tanto jueces como fiscales velan por la libertad de prensa, pero ha entendido que este asunto provoque “inquietud”.
La investigación no es contra los periodistas, sino contra quien les filtró la información, pero amenaza su trabajo sobre un caso en el que su principal acusado tenía en nómina a policías, periodistas y testigos. El sumario describe una Mallorca que más bien parece Sicilia, con un todopoderoso magnate de la noche que contaba con la protección de buena parte de la policía local, que compraba a políticos, con dinero o prostitutas, y en el que testigos protegidos han descrito sobornos, chantajes y palizas.
Manuel Penalva, el primer juez del caso —que, como el fiscal, solicitaron permiso de armas por las amenazas— y que acabó apartado tras una maniobra de Cursach, lo resumió en un escrito: “Nunca he vivido tal situación de acoso hacia investigadores y testigos”. En ese ambiente se desarrolla el trabajo de los dos periodistas a los que los agentes requisaron los teléfonos.
Mestre lo explicó a eldiario.es. No todos los medios de la isla publican los avances de la investigación contra Cursach —”Ha gastado mucho dinero en publicidad (…) y otros medios claramente se han posicionado a su favor”— y los periodistas que lo hacen se enfrentan a las amenazas del entorno del empresario. Ahora, las fuentes que se atreven hablar tendrán un incentivo más para no hacerlo.
“Nadie en España va a querer hablar con un periodista”
“El problema del secreto profesional es que el de un periodista protege a todos los periodistas, y a las fuentes”, dice Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional. En su opinión, lo ocurrido este martes atenta claramente contra el artículo 20 de la Constitución, que protege el secreto profesional y el derecho “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”.
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