Venezuela ha dejado de ser un país con parámetros de nivel de vida de Sudamérica. El nivel de pobreza que ha alcanzado en los últimos años y que siguió ensanchando las brechas entre 2019 y 2020 colocan al país petrolero en otra escala. Son las conclusiones de la más reciente Encuesta de Condiciones de Vida del Venezolana (Encovi), la medición que desde 2014 hace un grupo de universidades y que se ha convertido en la radiografía más rigurosa de los principales indicadores desde que el Gobierno dejó de publicar estadísticas. Dejada atrás una década de boom en los ingresos petroleros, hoy el país es el más pobre de la región y el segundo más desigual después de Brasil, de acuerdo a las mediciones hechas con base en entrevistas en casi 10.000 hogares. Los datos muestran el avance del descalabro económico y el reajuste demográfico y social que ha dejado la migración forzada de cinco millones de venezolanos.
“Venezuela nunca ha tenido niveles de pobreza como los que vemos, ni en el siglo XX ni en el siglo XXI, por eso nos tenemos que salir del contexto latinoamericano y más claramente del suramericano para poner en perspectiva donde estamos”, señala el sociólogo Luis Pedro España, investigador de la Universidad Católica Andrés Bello, que lidera el estudio. De acuerdo con los ingresos, el 96% de la población venezolana es pobre, de los cuales un 79% está en pobreza extrema, lo que significa que los ingresos percibidos son insuficientes para cubrir la canasta alimentaria. Que la pobreza extrema sea mayor que la pobreza no extrema es una particularidad que se ha venido registrando en el país en los últimos tres años de hiperinflación y que en opinión de los investigadores es resultado de la caída del 70% del PIB entre 2013 y 2019. “Todos en general somos pobres, ya no hay riqueza que repartir ni bienestar que disfrutar”, apunta España.
Visto de forma multidimensional, pasada por el tamiz de las variables relacionadas con el empleo, la educación, las condiciones de la vivienda y los servicios públicos, la pobreza alcanza al 65% de los hogares, con un aumento de 13,8% entre 2018 y 2019. La encuesta valora en un nuevo indicador llamado pobreza de consumo, en el que ubica a 68% de la población que consume menos de 2.000 calorías diarias por día. La inseguridad alimentaria y de la precariedad de los servicios se ha convertido un factor igualador en el país, no hay notables diferencias entre los sectores más pobres y más ricos en estos aspectos.
Aunque los que tienen mayores ingresos comen cinco veces más carne que los que los más pobres, la mayoría de la población consume por debajo del requerimiento proteico recomendado de 51 gramos al día. Solo el 32% de la población lo alcanza. A esto se suman los datos antropométricos de desnutrición infantil: el 30% de los menores de cinco años -639.000 niños- presenta desnutrición crónica o talla baja, un porcentaje que está muy por encima de los vecinos de la región y que solo es superado por Guatemala.
El país ha adquirido condiciones más propias de países de Centroamérica, el Caribe y África en materia de pobreza y desnutrición. Cuando se juntan las variables inestabilidad política, PIB y pobreza extrema, Venezuela aparece en el segundo lugar de una lista de 12 países –que encabeza Nigeria y termina con Irán– seguida de Chad, Congo y Zimbabue.
La composición de la población venezolana también ha cambiado en los últimos años. Hay cuatro millones menos de habitantes en el país y en un 19% de los hogares se reporta que alguna persona emigró entre 2014 y el año pasado. Otro de los hallazgos del estudio confirma que se ha perdido el llamado bono demográfico, esa ventana coyuntural favorable que experimentan los países cuando la base poblacional está compuesta por personas económicamente activas y el porcentaje de menores de 15 años y mayores de 65, los más dependientes, es reducido. “La coyuntura que se abrió en 2003 y debería permanecer hasta 2045 no fue aprovechada para expandir la economía y darle empleo a esa población que estaba lista para trabajar”, explica la demógrafa Anitza Freitez. El estudio reporta que el envejecimiento de la población se ha acelerado, hay más hogares unipersonales que son parte de la huella de la migración, un 44% de la población que debería trabajar no lo está haciendo y cayó a la mitad la cobertura educativa entre los 18 y 24 años: hay 2,2 millones de jóvenes que no están estudiando. “Todos los esfuerzos de ampliar la masificación al acceso a la educación universitaria han perdido su significado, esos beneficios no llegan a los sectores más pobres”, advierte Freitez.
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