El llamamiento del secretario general de la ONU, António Guterres, para que los gobernantes presenten en la Cumbre de Acción Climática que se celebra este lunes en Nueva York acciones concretas en lugar de meros discursos es un grito enérgico para movilizar a los Estados. Únicamente si los países, empezando por los más poderosos, asumen su responsabilidad y sellan compromisos con políticas eficaces y coordinadas se podrá frenar la emergencia climática, un desafío que debería encabezar la agenda de los líderes mundiales.
Bajo los auspicios de la ONU, los Estados concertaron en 1992 un convenio marco en el que se abogaba por estabilizar la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que no produjera interferencias peligrosas en el planeta. Un cuarto de siglo después, la situación se ha agravado de forma alarmante y los efectos pueden ser irreversibles si no se adoptan medidas rápidas, profundas e innovadoras. La cita de Nueva York comienza con la vista puesta en los acuerdos adoptados en París en 2015 y las evidentes muestras de que los objetivos marcados entonces resultarán imposibles de cumplir si se mantiene el ritmo actual.
La meta más ambiciosa es que en 2100 la temperatura del planeta aumente menos de 1,5 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales. Si no se aplican remedios contundentes no se alcanzará ese objetivo. A estas alturas del siglo, la temperatura ha subido ya aproximadamente un grado, los últimos cuatro años han sido los más calurosos, y el pasado julio batió todos los récords. Frente a quienes relativizan los efectos del calentamiento global existen certidumbres irrefutables: los casquetes polares se derriten, los glaciares se extinguen, la capa de hielo de Groenlandia adelgaza y los fenómenos meteorológicos extremos se multiplican.
La cumbre del clima servirá para tomarle el pulso a los gobernantes, saber quiénes están a favor de impulsar acciones efectivas para reducir los gases de efecto invernadero y quiénes reniegan del cambio climático. Es cada vez más clamoroso ver cómo el presidente estadounidense, Donald Trump, o el brasileño, Jair Bolsonaro, refutan sin rubor los informes científicos. Bolsonaro no ha sido invitado porque el negacionismo no es un pensamiento tolerable ante la emergencia climática. Radicalmente opuesta es la actitud de la presidenta electa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha situado la lucha contra el calentamiento global como uno de los pilares de su mandato, con la vista puesta en un Pacto Verde que permita prescindir de los combustibles fósiles, a ser posible, en 2050 para hacer de Europa el primer continente climáticamente neutro.
España se ha sumado a la tarea de combatir la degradación del clima y del planeta con un plan muy ambicioso a medio plazo, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), cuyo objetivo es elevar la participación de las energías renovables hasta el 42% del consumo final hasta el año 2030 y una reducción del consumo, mediante medidas de eficiencia energética, del 39,6% en ese plazo. Por desgracia, el bloqueo político ha frenado la iniciativa de cambio energético más importante de los últimos 20 años. Los objetivos marcados por Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica en el Gobierno de Sánchez, eran más intensos que los planteados por la Comisión Europea e implicaban un esfuerzo inversor, privado y público, que hubiera contribuido a elevar el valor añadido de la economía y el empleo de calidad.
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