Bajo ningún estándar del sentido común o la decencia Guadalupe García de Rayos debía ser una prioridad en el sistema de deportaciones. García de Rayos, de 35 años y madre de dos adolescentes, fue arrestada el miércoles por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Phoenix. El jueves fue deportada a México, un país del que salió hace 21 años. Su familia, incluidos sus hijos que tienen ciudadanía estadounidense, siguen en Arizona.
El presidente Trump se ha atrincherado en el reclamo —absurdo— de que Estados Unidos será seguro y grandioso de nuevo solo después de combatir a los presuntos millones de bad hombres y “extranjeros criminales”, a quienes ha prometido arrestar y expulsar.
García de Rayos no cumple con ninguna de esas definiciones ni era amenaza alguna, por más que hubiera vivido en Estados Unidos de manera ilegal desde sus 14 años. Las autoridades estaban al tanto de su existencia desde que fue registrada tras una redada en Phoenix en 2008. En los años posteriores, ella acudía regularmente con agentes migratorios para reportarse y estos elegían no deportarla al tener cosas más importantes que hacer.
Trump hizo campaña con la promesa de eliminar esa discreción de los agentes y remplazarla con una aplicación de la ley sin sentido y que no presta oídos. La candidatura de Trump amplificó las pasiones nativistas de sus partidarios y asesores de línea dura, como el hombre que ahora es su mano derecha en el Departamento de Justicia, el fiscal general Jeff Sessions.
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