A través de un comunicado de prensa, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela, solicitó con carácter de urgencia a la Fiscalía General de la República de ese país, adoptar medidas de protección en favor de la periodista Osmary Hernández, corresponsal de CNN en Español.
La organización alertó que la periodista corre el riesgo de sufrir agresiones y otros hechos de violencia, luego de ser víctima de ataques verbales por parte de Tarek El Aissami, gobernador de Aragua, quien acusó a la cadena televisiva de “realizar una campaña criminal en contra de Venezuela”.
Dichos ataques surgieron después de que el pasado jueves, la cadena de noticias informó erróneamente sobre unos conatos de saqueo en la ciudad de Maracay, capital del estado de Aragua. Sobre el que aclaró: fue un error humano de interpretación de hechos.
“En el programa ‘Encuentro’ pusimos al aire un texto equivocado que hablaba de conato de saqueos en la ciudad de Maracay. CNN no tiene información de que este jueves se produjera ningún saqueo en establecimientos en Venezuela. Fue un error que tenemos que reconocer”.
No obstante, de acuerdo con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó iniciar una investigación en contra del canal, al que calificó como terrorista.
La petición en favor de Hernández se basa en el artículo 55 de la Constitución venezolana, la cual señala que “toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por la ley frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes”.
Marco Ruiz, secretario general del SNTP, exigió a Tarek y a todos los funcionarios del Estado, que respeten a los trabajadores de la prensa, ya que es innecesario e inaceptable, que exponga y criminalice públicamente a un trabajador que no es responsable de las decisiones del medio para el que labora.
“El ejercicio del derecho a la libertad de expresión, así como del derecho a la información, tienen sus propios mecanismos de rectificación. Lo que hizo el gobernador de Aragua contra la corresponsal de CNN no ayuda a resolver error alguno, sino que por el contrario, fomenta un clima de confrontación y crea situaciones de mayor riesgo”.
Cabe señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha solicitado en varias ocasiones que los funcionarios públicos moderen el lenguaje con el que responden a la información que difunden los medios de comunicación, ya que sus comentarios ocasionan confusiones y situaciones no deseadas.
(Con información de El Universal y El Colombiano)
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