Actualmente solo tres países (Brasil, Ecuador y Malta) prohíben expresamente las “terapias antigay”, pseudo tratamientos que asociaciones psiquiátricas consideran ineficaces y dañinos. Esta “terapias” puede ir desde campamentos para adolescentes donde intentan “curar” la homosexualidad, grupos de apoyo para “corregir” la orientación sexual y psicólogos que aseguran que pueden “revertir” la atracción entre personas del mismo sexo.
Aunque muchos lectores no las hayan escuchado, estas prácticas son más comunes de lo que parecen: el argentino Lucas Ramón Mendos fue obligado por su familia a ver uno de estos psicólogos a los 23 años, esto luego de contar que era gay. “Me dijeron que estaban algo inseguros, y que visitando a un especialista ellos también tendrían mayor certeza de mi orientación sexual. Todo desde la inocencia y la buena fe (…) En esa consulta, el psicólogo me diagnosticó un caso que llamó 'reversible' y me propuso un camino en el que me ofrecería herramientas para deshacerme de lo que llamó 'vicios y desviaciones'”.
Mendos, hoy es activista en la Asociación Internacional de Gais, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (ILGA).
De acuerdo con el último informe de ILGA “Homofobia de estado” —del que el argentino es co-autor— estos pseudo tratamientos no han desaparecido y hoy, quienes los llevan a cabo, se han modificado para superar los obstáculos que encuentran en las leyes. “Ahora emplean más a consejeros, se hacen en el ámbito privado o se han transformado en grupos de apoyo religiosos”.
Algunos países en donde reinan estas prácticas son Estados Unidos, Polonia, Francia, Israel, Alemania y por supuesto Argentina.
Y en el otro extremo se ubica Malta, que desde el pasado mes de diciembre prohibió dichas terapias. Así, el pequeño país, de menos de medio millón de habitantes, se ha convertido en la primera nación de Europa en criminalizar cualquier tipo de tratamiento de conversión.
El informe de ILGA también señala que en 2017, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son ilegales aún en al menos 72 países y en 12 de ellos pueden llegar a pagarse con la muerte (Arabia Saudí, Irán, Yemen y Sudán, parte de Somalia y 12 Estados de Nigeria por ejemplo).
“En el siglo XXI el 37% de los Estados miembros de la ONU mantienen normas punitivas, las cuales violan los derechos humanos que se resiste a desaparecer”, concluye.
(Con información de El País)
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