La Fiscalía General de la República enfrenta uno de sus momentos más oscuros. Su parcialidad, profesionalismo y objetividad no sólo están en duda, sino que la ponen al borde del desprestigio, de la indolencia, de la injusticia.
En un par de casos aislados que tienen como común denominador la falsificación de pruebas y la invención de delitos por parte del Ministerio Público, jueces federales dieron sendos reveses a la institución comandada por el controvertido Alejandro Gertz Manero, al señalar que los respectivos fiscales han incurrido en una serie de agravios, irregularidades y actos indebidos.
En menos de 24 horas, dos impartidores de justicia desmantelaron un par de causas penales en las que están involucrados importantes miembros de la élite política del país, abogados de “alta alcurnia” y hasta un socio de Gertz Manero.
En una primera causa penal, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna resolvió desvirtuar las acusaciones de la FGR contra los abogados Juan Antonio Araujo Riva Palacio, César Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez y el asesor financiero David Gómez Arnau.
Así, la Fiscalía sufrió uno de sus más duros reveses judiciales del sexenio, ya que el juzgador decidió no vincular a proceso a los personajes citados y ordenó desechar el caso contra ellos, acusados por la FGR de extorsionar a Juan Collado, por encargo de Julio Scherer Ibarra, exasesor jurídico de la Presidencia de la República.
En una segunda causa penal que se resolvió el pasado miércoles, la jueza federal de amparo Luisa María Ortega Tlapa, concluyó que la FGR “usó pruebas insuficientes e ilógicas” para acusar al empresario Ernesto Álvarez Morphy, acusado del delito de defraudación fiscal por Gabriel Alarcón Velázquez, uno de los principales socios de Alejandro Gertz Manero.
Para colmo de males, la FGR anunció que iniciará una carpeta de investigación contra Delgadillo Padierna, juez de control del Centro de Justicia Federal en reclusorio Sur, por presuntos actos de corrupción, corrupción, tráfico de influencias y encubrimiento.
FGR necesita a Dios como abogado: Juez
En el primer asunto el juez de control Delgadillo Padierna (el mismo que resolvió imponer la prisión preventiva a Rosario Robles) determinó que ninguna de las 75 pruebas presentadas por la FGR era fiables y ordenó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) investigar a Collado y a los fiscales federales por irregularidades y actos indebidos en agravio de los hasta hoy imputados.
El juez cuestionó a la FGR de hacer una “imputación ficticia” contra el exconsejero Jurídico de la Presidencia, por responsabilizarlo en todo momento de actos ilícitos y no haberlo citado a declarar, lo que calificó como una violación al derecho de defensa y la presunción de inocencia.
“Julio Scherer no fue citado a esta audiencia y se le imputó ficticiamente a través de hechos que le fueron atribuidos a otros, con lo que la Fiscalía violó sus derechos de defensa y de presunción de inocencia. Primero debieron acreditar la conducta que supuestamente cometió Julio Scherer para imputar a los demás”.
“Es claro que la Fiscalía no sólo investiga a Julio Scherer, también lo hicieron con Santiago Nieto, dichas personas no fueron llamadas a esta audiencia y la Fiscalía aprovechó sus funciones para enviar una amenaza velada de que en cualquier momento los va a citar”, señaló Delgadillo Padierna en tono de reproche, al final de una audiencia de 23 horas.
“La FGR se ha conducido con mala fe y mala intención, si en su actuar existe perversidad, se necesita a Dios como abogado”.
El fallo libró a los abogados Juan Antonio Araujo Riva Palacio, César Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez y el asesor financiero David Gómez Arnau de toda responsabilidad en los delitos de extorsión, tráfico de influencias, asociación delictuosa y lavado de dinero.
La imputación de la FGR consistía en que Scherer, a través de los imputados, presuntamente pretendieron obligar a Collado a vender Caja Libertad a Banca Afirme como condición para otorgarle un acuerdo reparatorio que le permitiera salir de prisión.
Delgadillo Padierna dijo esta mañana que Collado se prestó a ser un instrumento de venganzas, ya que denunció a sus abogados para buscar el criterio de oportunidad, beneficio que claramente consideró improcedente, porque el procesado no ofrece información fidedigna ni señala a quienes podrían estar relacionados a los procesos que lo tienen en la cárcel.
“Juan Collado no denunció a ningún beneficiario del lavado de dinero que se le imputa en su proceso y se prestó para que un acuerdo reparatorio se convirtiera en un instrumento de venganza”, dijo el juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur.
“Por el efecto corruptor del proceso todas las pruebas carecen de fiabilidad, se declara invalidez de todo el proceso y se declara su sobreseimiento”.
El impartidor de justicia se molestó cuando el fiscal Manuel Granados Quiroz se metió con el Poder Judicial de la Federación, al señalar que los tentáculos de Scherer permitieron manipular los turnos para que un expediente fuera radicado en un juzgado o tribunal específico.
Granados también dijo que, gracias a las influencias del exconsejero Jurídico, Araujo y González obtuvieron ilegalmente el proyecto de sentencia de un amparo negado a Collado, antes de ser votado por un tribunal colegiado. Sobre este aspecto, el juez respondió que esos borradores eran públicos por ley.
“Solitos le ponen el pie a su propia institución, mantienen en proceso a Juan Collado, pero al mismo tiempo lo defienden, es un actuar desleal contra su propio trabajo”, les dijo Delgadillo a los fiscales en la sala de audiencias.
“(El fiscal) acusó al Poder Judicial de la Federación de turnar asuntos a modo por instrucciones de Julio Scherer con conjeturas, lo cual jamás se va a permitir en un centro de justicia. Si su teoría del caso fuera cierta, estarían investigados 2 jueces y 5 magistrados”, dijo.
Uno a uno, Delgadillo desestimó todos los delitos. Del tráfico de influencias, dijo que la FGR trató de imputar a la vez dos conductas contradictorias “a ver si una pegaba” y olvidó que para fincar este delito necesariamente debía imputar a servidores públicos.
Sobre la extorsión, sostuvo que nunca existió porque, a pesar de que Collado siempre dijo que Araujo y González nunca fueron sus abogados, éstos sí tenían intervención en sus asuntos, hay testimonios de terceros que lo confirman y además no hay prueba de que haya sido obligado a pagar contra su voluntad cualquier suma económica.
De la asociación delictuosa, señaló que este ilícito la FGR mencionó que fue cometido en forma permanente de 2018 a 2021, pero lo cierto es que algunos imputados como Gómez Arnau y Pérez no aparecen involucrados en todos esos años.
Del lavado de dinero, un delito que sólo imputó a González por presuntamente recibir 10 millones de pesos en efectivo de parte de Collado, el juez dictaminó que el dinero era lícito porque el procesado lo obtuvo de cheques que cambiaban sus empleados para el gasto corriente.
Delgadillo cuestionó que la FGR incluyera entre sus datos de prueba algunas declaraciones en la prensa y redes sociales de los imputados, como son sus respuestas a las acusaciones, ya que estimó que son contrarias a la presunción de inocencia.
Si bien la FGR dijo que en julio de 2021 la familia del abogado habló con el subprocurador de Delitos Federales, Juan Ramos, y éste les informó que no existía ninguna negociación de un acuerdo reparatorio, Delgadillo reviró y dijo que el funcionario no tenía por qué saberlo, ya que el área responsable era la SEIDO.
“Julio Scherer no sólo turnó (el caso) a la FGR, sino que hay evidencia pública de que lo reportó a su jefe. La familia acudió a un funcionario que no tenía facultades porque Collado está procesado por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, expuso.
Fiscalía amenaza a juez
Horas después de la resolución, la FGR afirmó que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna “se dedicó prioritariamente a realizar la defensa” de Julio Scherer Ibarra durante la audiencia que se abrió en contra de los abogados relacionados con el exconsejero jurídico de la Presidencia acusados de presuntamente extorsionar a Juan Collado, por lo que informó que abrirá una carpeta de investigación del asunto.
“La Fiscalía General de la República apoya al Ministerio Público de la Federación, licenciado Manuel Granados Quiroz, y a su equipo de trabajo; y se opone terminantemente a la resolución ilegal del Juez de Control Federal Felipe de Jesús Delgadillo Padierna”, señaló la dependencia mediante un comunicado.
De acuerdo con la versión de la dependencia que encabeza el fiscal Alejandro Gertz Manero, en dicha audiencia el juez “descalificó y agredió groseramente a la Representación Social, negándose a tomar en cuenta más de 75 datos de prueba presentados por las víctimas y por la parte acusadora, que no habían sido objetados”.
Luego de eso, según la FGR, el juez “se dedicó prioritariamente a realizar la defensa del señor Julio Scherer, que no estaba imputado; pero que sí existían una serie de pruebas que no habían sido refutadas, sobre su participación en los delitos de los que se imputó a diversos abogados”.
Por todo lo anterior, y debido a actos a los que calificó como “abusivos y parciales contra la administración de justicia”, la Fiscalía anunció que presentará de inmediato el recurso de apelación sobre la decisión del juez de no vincular a proceso a los abogados relacionados con Scherer.
“Asimismo, la FGR presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal; y, a petición del Ministerio Público, abrirá carpeta de investigación penal sobre el presente asunto”, señaló.
Además, agregó que el defensor de los abogados, Alejandro Robledo, quien fue subsecretario en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y propuesto por Julio Scherer días antes de la audiencia, afirmó públicamente sobre este asunto: “se va a acabar esta venganza”. Poco después, el juez coincidió y calificó la imputación de “venganza” sin que hubiera prueba alguna, señaló la Fiscalía.
Ante esta situación, la FGR ratificó su respeto a la Suprema Corte y al Poder Judicial. “Uno o varios casos no van a motivar confrontación alguna con dicho Poder del Estado Mexicano y mantendremos ese criterio, a pesar de toda la presión mediática que quiere convertir la procuración de justicia en un choque institucional, en un escándalo o en un encubrimiento”.
Pero pese a lo anterior, agregó que “dicha conducta inadmisible (del juez) no habrá de inhibir al Ministerio Público de la Federación para judicializar todos los casos en que haya corrupción, tráfico de influencia o intereses ajenos a la justicia”, y se comprometió a informar de inmediato a la opinión pública “para evitar cualquier extorsión mediática criminal”.
La herencia del “socio”.
En un segundo caso donde la FGR acusó ilegalmente de fraude a un empresario que disputa una multimillonaria herencia con uno de los socios de Gertz Manero, la jueza determinó que el MP usó pruebas insuficientes e ilógicas para justificar su imputación.
La Fiscalía apeló y un Tribunal colegiado está por determinar si confirma el recurso que exonera al empresario Álvarez Morphy del delito de defraudación fiscal o si lo revoca y da luz verde al proceso, con lo que además podría perder su herencia.
Así, sin respetar lo establecido en las normas fiscales y con pruebas que una jueza calificó de “insuficientes, ilógicas y potencialmente ilícitas”, la FGR de Alejandro Gertz logró procesar por supuesta defraudación fiscal al empresario Ernesto Álvarez Morphy Alarcón. Sin embargo, la jueza de amparo Luisa María Ortega, decidió conceder la protección de la justicia federal al empresario Álvarez Morphy.
Animal Político reveló que la acusación, es impulsada desde la Fiscalía General de la República y la Procuraduría fiscal de Hacienda y de resultar exitosa, podría significarle cárcel, además de que complicaría las posibilidades de Álvarez Morphy de acceder a casi a mitad de dicha herencia, valuada en más de diez mil millones de pesos, facilitando el camino para que su tío Gabriel Alarcón Velázquez –socio de Gertz– se quede con la mayor parte del dinero.
No obstante, jueza federal de amparo que revisó el caso concluyó que la acusación no tiene fundamento y que los derechos fundamentales y constitucionales de Álvarez Morphy fueron violados, por lo que el proceso debe cancelarse de manera inmediata.
“Es fundado el concepto de violación en el que el quejoso (Álvarez Morphy) manifiesta que la autoridad judicial responsable transgrede en su contra el derecho humano de seguridad jurídica en su vertiente de debido proceso y de legalidad consagrados en los artículos 14 y 19 de la Carta Magna, en virtud de que no aplica de forma exacta la ley, debido a que los datos de prueba expuestos por la representación social (la FGR) son insuficientes, inconducentes e impertinentes para acreditar la conducta imputada de defraudación fiscal equiparable”, indica la sentencia judicial de la que Animal Político tiene copia íntegra.
Sin embargo, con apelaciones la Fiscalía de Gertz Manero ha logrado retrasar el cierre del caso. Incluso intentó de manera fallida que la Suprema Corte de Justicia lo atrajera. El tema regresó al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito que tiene en sus manos la confirmación del amparo que cerraría de manera definitiva este proceso.
La indagatoria en contra de Ernesto Álvarez Morphy inició a partir de una denuncia “anónima” que la FGR recibió en 2019 y en la que se señalaba que él, su esposa, y sus hermanos estaban implicados en supuestos delitos fiscales y hasta lavado de dinero. Con ello la fiscalía inició una indagatoria FED/SEIDF/CGI-CDMX/1499/2019 en la que recabó datos bancarios de toda la familia. La indagatoria fue conducida bajo la dirección del fiscal Juan Ramos, abogado de confianza de Gertz Manero y su mano derecha en la institución.
Tras el análisis de los datos bancarios la FGR dictaminó por su cuenta que Álvarez había sido omiso en declarar ingresos por 11 millones de pesos y solicitó a la procuraduría fiscal de Hacienda, encabezada en ese entonces por Carlos Romero Aranda, que presentara la denuncia correspondiente con lo que se inició una nueva indagatoria en 2020 bajo el número FED/SEIDF/CGI-CDMX/695/2020.
El 25 de agosto de 2020 la FGR presentó ante el juez del Reclusorio Note, Artemio Zúñiga, la imputación por el delito de defraudación fiscal y tras una larga de audiencia que se extendió por más de 17 horas dicho juez determinó vincular a proceso al empresario y le prohibió salir del país y de la ciudad.
Sin embargo, al revisar después todo el expediente, la jueza de amparo Ortega Tlapa concluyó que el juez y las autoridades implicadas habían “infringido las reglas fundamentales de la lógica que rigen la valoración de los datos de prueba y apreciación adecuada de los hechos”, y que el caso era insostenible.
En la demanda de amparo, se exponen por lo menos 19 irregularidades en la investigación de la FGR y de la Procuraduría fiscal, que no fueron valoradas por el juez que procesó al empresario. La principal, y que la jueza dio por válida, es que no había delito que perseguir.
