Personajes políticos de Morena, desde su líder máximo hasta diputados locales y propagandistas, han sido denunciados por abuso contra mujeres, desde toqueteos hasta violaciones, pasando por violencia política de género. La gran mayoría de esos actos han quedado impunes. A continuación, algunos ejemplos.
El caso más evidente, por supuesto, es el de Andrés Manuel López Obrador, quien, pese a declarar que su gobierno era “feminista”, tuvo grotescas expresiones para descalificar movilizaciones en defensa de los derechos de las mujeres, les acusó de violencia y de conservadurismo.
El tabasqueño fue también declarado responsable de violencia política de género. El 13 de junio de 2024 la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a dos semanas de los comicios, determinó que el entonces presidente cometió en ocho de sus conferencias de prensa, entre julio y agosto de 2023, violencia política de género contra Xóchitl Gálvez, quien había sido la candidata opositora.
Entonces es Sala consideró que el tabasqueño tuvo diversas expresiones en las que afirmó que Gálvez obtuvo su candidatura por la decisión de un grupo de personas con poder político, las que consideró que configuran violencia simbólica para intentar menoscabar el reconocimiento de sus derechos políticos, basado en su carácter de mujer e indígena ya que reforzó el estereotipo de inferioridad para acceder a cargos públicos.
El caso quedó impune porque el presidente sólo puede ser responsabilizado, pero no sancionado por infracciones de índole electoral, y por ello el macuspano no fue inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral.
Sin embargo, después, en enero de 2025, a orden de la Sala Superior del TEPJF (ya para entonces totalmente entregada al oficialismo), la Sala Especializada resolvió que no hubo violencia política y que no era más más que “libre debate de ideas”.
En materia de agresiones contra mujeres, el más clamoroso caso de Morena es el del senador guerrerense Félix Salgado Macedonio, que se llama a sí mismo “Toro”. Ha habido cuando menos cinco denuncias contra él por diversos abusos sexuales, que incluyen la violación.
El más antiguo de los casos contra el padre de la gobernadora de Guerrero data de 1998, en contra de una menor de edad, que denunció haber sido víctima de violación. La FGR (FGR) casi ignoró el caso, y en la coyuntura de 2020-2021, cuando tomaron vuelo las aspiraciones del político morenista por la gubernatura de su estado, dijo que ya había prescrito.
La mujer, también morenista, denunció el caso en el partido, en donde fue atendido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, sin que haya pasado nada.
Otro caso importante fue el de una mujer que acudió a las oficinas de La Jornada Guerrero en 2016, cuando Salgado Macedonio era director de ese medio. Éste la invitó a su casa, donde habría sido drogada y después violada por el político. Posteriormente, la habría extorsionado por contar con fotos de ella, y la habría vuelto a violar en las oficinas de ese periódico. La víctima decidió denunciar ante las autoridades lo ocurrido pese a haber sido amenazada.
Las denuncias de 2021 fueron descalificadas por López Obrador, quien protegió a Salgado Macedonio al achacarlas simplemente a la temporada electoral.
A últimas fechas también ha destacado el caso del diputado morenista Cuauhtémoc Blanco, quien fue denunciado por intento de violación por una media hermana. El caso tomo notoriedad debido a que la Fiscalía General del Estado de Morelos solicitó el desafuero del exfutbolista para procesarlo.
La presunta víctima ha contado que el intento de violación se cometió en Casa Morelos, residencia oficial, donde ella vivía con autorización de su medio hermano, quien también la había nombrado funcionaria.
Sin embargo, lo que ha ocurrido es que, inmediatamente después de presentada la solicitud de desafuero de Blanco, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, fue destituido, y un mes después la Sección Instructora rechazó la solicitud de desafuero, con tres votos de diputados oficialistas (uno de ellos, el morenista de derecha Hugo Eric Flores, quien con anterioridad había hecho numerosas declaraciones de denuncia contra el exfutbolista) y sólo uno a favor.
Otro caso notorio fue el de José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, quien incurrió en violencia política de género por expresiones contra la diputada panista Adriana Dávila Fernández pronunciadas el 4 de octubre de 2019. En esa fecha, en un discurso en el Congreso de Tlaxcala sobre trata de personas, el entonces diputado petista arremetió hasta amenazadoramente contra la política blanquiazul.
En aquella ocasión el ahora senador autodenominado “plebeyo” dijo lo siguiente sobre Dávila Fernández: “Me comentan que hay una diputada que fue senadora y que está vinculada a este tema, y que es más bocona que la chingada; no sé si sea cierto o no, pero en Tlaxcala siguen los problemas. Pásenme elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca”.
Por ello Dávila Fernández presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por violencia política de género. El 26 de noviembre de 2020 ese organismo le dio la razón a la panista y determinó sancionar a Fernández Noroña, por lo que este llamó a los consejeros “facciosos” y “Santa Inquisición”, y apeló a una supuesta “libertad de expresión” para intentar justificar su agresión (de paso: en esa sesión del INE, en abierta violación a las medidas sanitarias del instituto, el dizque “plebeyo” se negó a utilizar cubrebocas en plena crisis sanitaria de la Covid-19, por lo cual lo dejaron prácticamente solo en el salón. Ese mismo día se anunció que su suplente en la diputación había fallecido por esa enfermedad).
Con argucias, Fernández Noroña apeló al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ratificó la sanción del INE en enero. El entonces diputado tuvo que pedir disculpas, debía acudir a cursos de sensibilización en materia de violencia de género impartidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Lo hizo porque, de no hacerlo, quedaría inscrito en el Registro Nacional de Personas sancionadas en Materia de Violencia Política de Género y podría haber perdido el derecho a ser candidato en las elecciones de 2021.
Un caso más, grabado y exhibido en video, ocurrió en 2021, cuando el entonces candidato del oficialismo a la gubernatura de Zacatecas, David Monreal, en un acto público tocó el trasero de su compañera candidata a la alcaldía de Juchipila.
Posteriormente Monreal intentó desmentir las imágenes al atribuirlas a una manipulación tecnológica, y propagandistas del oficialismo produjeron y difundieron imágenes recortadas. Entre lo más penoso del asunto estuvo que que la política víctima del tocamiento defendió al político morenista.
Otro que ha sido denunciado es Ernesto Prieto Gallardo, diputado federal de Morena y representante de ese partido ante el INE, quien es deudor de la pensión alimentaria de su hija, a quien aún no ha reconocido. Es un caso que también data de 2021, pero la denuncia ante las autoridades fue presentada en 2023.
Un juez ordenó a Prieto Gallardo a pagar como pensión el 25 por ciento de su salario, además de que se realicen diligencias como hacer una toma de ADN para esclarecer la paternidad. Sin embargo, el morenista ha lograda aplazar ese procedimiento y sólo ha pagado en unas cuantas ocasiones la pensión.
En 2019 Prieto Gallardo había sido expulsado de Morena debido a un par de acusaciones, una de ellas violencia de género. Sin embargo, impugnó esa decisión ante el TEPJF y pudo volver al partido.
Un caso más de esta serie ha sido el protagonizado por Nazario Norberto Sánchez, diputado morenista por le Ciudad de México, quien fue acusado de acoso sexual por la legisladora panista Luisa Gutiérrez debido a un abrazo inapropiado, por lo cual fue motivo de un apercibimiento por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
Ese caso también fue presentado ante las autoridades judiciales, pero el Tribunal Superior de Justicia capitalino determinó el no ejercicio de la acción penal.
Uno de los propagandistas internacionales de Morena y de López Obrador es el político y publicista español Juan Carlos Monedero, fundador y dirigente del partido Podemos, quien ha sido invitado a numerosos programas televisivos del oficialismo y hasta ha dado conferencias en el Instituto Nacional de Formación Política del partido oficial mexicano. Él también enfrenta demandas por acoso sexual.
El propagandista hispano de Morena ha sido denunciado cuando menos desde octubre de 2024 por abuso sexual, de lo que han dado testimonio la feminista Ayme Román y la exeurodiputada Lola Sánchez Caldentey. Debido a las denuncias, Monedero fue separado de las actividades de Podemos, además de que la Universidad Complutense de Madrid, donde da clases, ha abierto una investigación debido a una denuncia de comportamiento machista, mientras que el diario Público, donde colaboraba, ha suspendido la publicación de sus textos por la misma razón. Sin embargo, en México el oficialismo le rinde culto.
