Debido a que el acuerdo de emergencia establece que las centrales fósiles tienen prioridad sobre las renovables e impide que nuevas centrales de energía limpia entren en operación, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin) anunciaron que se pueden tomar medidas legales al respecto.
El CCE informó que por esa normatividad se están afectando inversiones por hasta 6 mil millones de dólares en 28 parques que no pueden iniciar operaciones.
Fue el 29 de abril cuando el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) publicó el Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2.
Ese documento establece que “la generación intermitente de las centrales eléctricas eólicas y fotovoltaicas afecta la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional en suficiencia, calidad y continuidad en el suministro eléctrico”.
Además dice que serán prioritarias las centrales must run (las termoeléctricas e hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad) que pueden entrar en operación con gran velocidad y reducir intermitencias.
Por lo anterior desde el 3 de mayo fueron suspendidas las pruebas preoperativas de plantas solares y eólicas en proceso de operación, además de que no serán autorizadas más pruebas.
Al respecto, el CCE afirma que ese acuerdo “impide arbitrariamente, y con plazo indefinido, la entrada en operación de nuevas plantas de energía renovable en todo el territorio nacional y limita la generación de centrales en operación”.
Además, considera que el acuerdo del Cenace, pone barreras y desplaza a la iniciativa privada, en beneficio de centrales de generación más costosas y contaminantes. Esto lo hace el Cenace “sin motivación técnica ni fundamento jurídico plenamente justificado”.
El CCE añade que el Centro no ha salvaguardado la eficiencia del Sistema Eléctrica Nacional y la competencia en el mercado, lo que ha repercutido en los consumidores.
De esa forma también fue limitada la producción de energía en centrales ya en operación y que implican inversiones de más de 20 mil millones de dólares.
El organismo empresarial también advierte que el acuerdo del Cenace “retoma la ruta de captura regulatoria” de la CFE iniciada en agosto de 2019 y que ha sido suspendida por diversos jueces.
Ante ello, el CCE anuncia que, “como en ocasiones anteriores, el sector privado tomará las medidas legales conducentes para defender la competencia con piso parejo y el derecho de los mexicanos a un medio ambiente sano”.
Por su parte, la Concamin señaló que el acuerdo “beneficia indebidamente a centrales de generación de CFE más costosas y contaminantes. Obligará a consumidores industriales y comerciales que tienen contratos de compra con generadores de energía limpia, a adquirir electricidad de mayor costo de CFE, afectando los ya críticos flujos de las empresas durante la contingencia”.
La Concamin señala que el acuerdo es una imposición de la CFE al Cenace “para que éste le favorezca en detrimento de que los clientes industriales puedan elegir el suministro eléctrico más competitivo para ellos”.
Además señala como agravante que se impide la entrada en operación de plantas de generación que suministrarán energía a clientes ya contratados, además de que son tecnologías amigables con el medio ambiente.
También destaca el daño patrimonial que se ha hecho a empresas, por lo que estas pueden recurrir a los acuerdos de protección de inversión.
Finalmente la Concamin menciona que lo anterior conducirá a una mayor pérdida de confianza de los inversores, “acercándonos aún más a la pérdida del grado de inversión como país”.
