La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, se declaró inocente del delito que le imputa la Fiscalía General de la República (FGR), de hacer un mal uso del servicio público en su modalidad de omisión, al no reportar los desvíos de recursos por 5 mil millones de pesos que se documentaron en la investigación conocida como la Estafa Maestra.
En un documento de respuesta a la acusación que le formuló la Fiscalía, la exfuncionaria acusó presiones de esa dependencia para hacerse responsable de la reparación del daño por el monto ya referido, aun cuando no se ha demostrado su culpabilidad en los hechos que se le atribuyen. Por tal razón, consideró que se trata de un procedimiento violatorio de sus derechos y motivado por causas políticas.
“Niego total y categóricamente las acusaciones delictivas que en contra de mi persona formula la Agente del Ministerio Público de la Federación, pues se aparta de la verdad y pretende atribuirme la responsabilidad de hechos presuntamente constitutivos de delito en los que nunca he participado ni son atribuibles a mi persona”, se lee en el documento.
Robles Berlanga sostuvo que la FGR se ha apartado legalidad a lo largo del proceso en su contra y cuestionó que se le condicione su legítimo derecho a un juicio justo a cambio de servir como instrumento para venganzas políticas, y para ello, se le pida “cooperar” acusando a otros funcionarios.
“Se me exhibe ante la opinión pública y en los medios de comunicación, como un trofeo a la lucha de la corrupción del gobierno anterior, y se me mantiene en prisión, por no ser solidaria con el Estado, dejando entrever que para obtener mi libertad debo delatar a otros funcionarios”, manifestó.
De acuerdo con el reporte de Milenio, la también extitular de Sedatu, solicitó a la FGR que como parte de su defensa se pidan los testimonios de al menos 15 exfuncionarios de la Sedesol, la Sedatu y la Auditoría Superior de la Federación, en lo que – según dijo – no existen evidencias para imputarle responsabilidad alguna en los delitos que se le imputan y por los cuales se le mantiene injustificadamente en prisión.
“Si mediante los procedimientos que determinen las infracciones por tramos de responsabilidad, de acuerdo a facultades y obligaciones, no se determinó que la suscrita tuviera responsabilidad alguna, el que se haga ahora en la vía penal y bajo un comportamiento de presuntamente ser omisa, me lleva a concluir que se trata de un tema meramente político y no jurídico”, apuntó
Rosario Robles aseveró que a lo largo de su trayectoria en el servicio público siempre se condujo con lealtad y honestidad, y la prueba de ello, anotó, es que nunca un superior le atribuyó una conducta reprochable por la vía legal o administrativa, ni tampoco lo hizo la ASF en sus dictámenes sobre las revisiones de las cuentas públicas de las dependencias que ella encabezó.
Insistió en que cuando se suscribieron los convenios con las universidades, presuntamente usados para desviar recursos, nadie le comunicó por escrito que su suscripción traería una afectación al patrimonio de la Federación. Asimismo argumentó que la ASF le entregó los informes de la cuenta pública cuando dichos convenios estaban concluidos y no podían impedirse los desvíos, razón por la que son inexistentes los conceptos de inevitabilidad y omisión, que se le atribuyen.
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