La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad que interpuso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de la Ley Federal de Remuneraciones para Servidores Públicos, aprobada en septiembre por el Congreso de la Unión y expedida mediante decreto el pasado 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación.
Será el ministro Alberto Pérez Dayán el encargado de elaborar el proyecto donde se analizará el recurso de la CNDH donde solicita declarar la invalidez de al menos diez artículos de la mencionada normatividad, así como también algunas disposiciones del Código Penal Federal, adicionadas en el decreto motivo de la impugnación. Asimismo, se solicita revisar el procedimiento legislativo que dio origen a este marco legal.
La SCJN detalló que en el oficio de admisión se instruye dar vista con la demanda a las cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como al Presidente de la República, para que rindan su informe respecto a este recurso, en un plazo máximo de 15 días hábiles a partir del día siguiente en reciban la notificación correspondiente.
Por su parte, la CNDH dio a conocer en un comunicado que la acción de inconstitucionalidad obedece a que la Ley Federal de Remuneraciones para Servidores Públicos contiene disposiciones que podrían implicar posibles vulneraciones a los derechos humanos.
Desde su perspectiva, la norma se contrapone con diversos instrumentos internacionales suscritos por México en materia laboral, además de que adolece de parámetros claros para la regulación de las percepciones de quienes trabajan en las diversas dependencias y órganos de la Administración Pública Federal.
Ante tal escenario la CNDH resolvió, con fundamento en el Artículo 105 constitucional, ejercer su facultad de impugnar dicha ley ante la SCJN, a fin de que ésta decida si ésta se apega a lo establecido en la Constitución, esto en aras de aportar a la consolidación de un marco normativo que permita alcanzar el beneficio social y los objetivos establecidos en la Carta Magna, con pleno respeto a los derechos humanos de los servidores públicos.
“La demanda promovida por la CNDH recoge diversos planteamientos y opiniones que aportaron más de mil 190 personas que expresaron sus inquietudes respecto del mencionado precepto legal, denunciando su posible inconstitucionalidad y solicitando que se promoviera la acción correspondiente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, señala el boletín.
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