Según un recuento de PAN, PRI y PRD, la mayoría de las agresiones graves durante el proceso electoral (60 por ciento) ocurrieron en lugares que habían marcado en rojo en el mapa de riesgos que presentaron el 9 de mayo, además de que reportan que dos de cada tres fueron contra candidatos opositores.
El 9 de mayo la coalición Fuerza y Corazón por México presentó su mapa de riesgos del proceso electoral, en el que indicó que hasta el 29 por ciento de las secciones electorales del país presentaban alto y mediano riesgo, lo que obstaculizaba la actividad de los candidatos y hasta se señalaba que había lugares donde no se podía hacer campaña.
Entonces los dirigentes partidistas informaron que entregaron su información a diversas autoridades: el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales y las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de Gobernación, de la Defensa Nacional y de Marina, así como a la Guardia Nacional.
Sin embargo, ya en vísperas de la jornada electoral, El Universal publica el trabajo periodístico de Antonio López Cruz titulado “Ignoran alerta de riesgos de oposiciones y ahí asesinan a 22”, en el que se hace un recuento de la violencia en las zonas de mayor riesgo que habían señalado el PAN, el PRI y el PRD en su documento.
Según datos de esos partidos, en el proceso electoral, entre el 1 de diciembre y el 29 de mayo, hubo 43 agresiones graves: 33 asesinatos, seis atentados, dos detonaciones de armas de fuego y un par de amenazas. De esos casos, 29 (67.5 por ciento) fueron contra candidatos de oposición, y el resto contra aspirantes oficialistas.
De esas agresiones graves, 26 (60 por ciento) fueron perpetradas en zonas que los partidos opositores mencionados habían indicado como de “alerta roja” en su mapa de riesgos, en estados como Chiapas, Guerrero, y Jalisco.
Sobre esa situación El Universal consultó a dos de los líderes de los partidos integrantes de Fuerza y Corazón por México, quienes pusieron especial énfasis en el asesinato de José Alfredo Cabrera Barrientos, candidato de su coalición para la alcaldía de Coyuca de Benítez, Guerrero, quien fue víctima de un atentado pese a contar con protección oficial.
Para Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, la protección oficial es una “simulación”, en la que “el gobierno hace como que nos protege” y en algunos lugares se ha logrado inhibir la acción de grupos delictivos, pero “en muchos otros lados no es así”.
El líder del partido del sol azteca fue tajante en su opinión al respecto: “Estamos en un proceso electoral amenazado por diversos lados, violado en su legalidad desde la Presidencia de la República, y el presidente se hace pendejo”.
Por su parte, Marko Cortés, presidente nacional del PAN, la violencia que se ha visto “es la herencia maldita de este sexenio. Lo ocurrido ayer en Coyuca de Benítez fue el símbolo de lo que dejó este sexenio con la injerencia del crimen organizado, el cual decide quienes son los candidatos en algunas regiones y con una magnitud de violencia que no se había visto desde 1988”.
En su conferencia de prensa del miércoles, cuando se cerraron las campañas electorales, el presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó la violencia político-electoral a vínculos que en el pasado se establecieron entre las autoridades y la delincuencia. Y, por supuesto, se victimizó: reclamó la campaña en la que se le ha llamado “#AMLONarcopresidente”.
