Palizas brutales, amenazas de violación y a sus familias, semiasfixia, descargas eléctricas en los genitales, manoseos de pechos, pellizcos en los pezones, violaciones con objetos, dedos, armas de fuego y penes, son algunas de las formas de tortura y violencia infligidas a mujeres que son detenidas o interrogadas por policías o fuerzas armadas en México, de acuerdo con un informe que este día presenta Amnistía Internacional.
Según la ONG, en la guerra contra el narcotráfico, la tortura está generalizada, pero se resta importancia o se ignora en gran medida su impacto en las mujeres.
El informe “Sobrevivir a la muerte, tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México” analiza las historias de 100 mujeres recluidas en prisiones federales que denunciaron tortura y otras formas de violencia durante su arresto e interrogatorio, pero también expone que durante el lapso en que llevaron a cabo las investigaciones, las autoridades negaron acceso a información crucial, lo que en todo caso genera incertidumbre.
De las 100 entrevistadas, 72 contaron haber sido víctimas de abusos sexuales durante su arresto o en horas posteriores, y 33 haber sido violadas. Los responsables son de los tres órdenes: municipal, estatal y federal, además de miembros del Ejército y la Marina.
Asimismo, 66 denunciaron los abusos ante un juez u otra autoridad, pero sólo en 22 casos se iniciaron investigaciones. Sobre este punto en específico Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que se hayan presentado cargos a partir de las indagatorias.
Prácticamente todas han sido acusadas de delincuencia organizada o de delitos relacionados con drogas. La ONG además cuestiona que muchas fueron presentadas ante los medios como “criminales” inmediatamente después de haber sido obligadas a “confesar” los delitos. “La mayoría procede de entornos de ingresos bajos y, por tanto, hay menos probabilidades de que pueda costearse una defensa efectiva”, indica.
Sobre la atención médica que por ley deben recibir los detenidos, la organización destaca que 49 de las entrevistadas calificaron la asistencia médica como “mala” o “muy mala”, y 19 como “mediocre”. Incluso AI ha documentado que en casos de violación, los exámenes ginecológicos suelen realizarse meses después de infligida la tortura, lo que agrava la situación de peligro para la salud de la mujer, que en muchos casos podría sufrir una grave infección vaginal o anal como consecuencia de la violencia infligida, o enfermedades de transmisión sexual.
Pero también expone la falta de preparación de los médicos legistas o su complicidad al no documentar certeramente cada una de las violencias que sufren las detenidas.
La ONG recuerda que según datos de las comisiones local y nacional de derechos humanos, sólo en 2013 recibieron más de 12 mil denuncias de tortura y otros malos tratos, donde ocho mil 943 de las posibles víctimas eran hombres y tres mil 618 eran mujeres.
Entre las principales recomendaciones, Amnistía Internacional insiste en que las fuerzas armadas ya no deben realizar labores de seguridad pública. Al presidente Enrique Peña Nieto piden reconocer públicamente la magnitud del problema de la tortura y los malos tratos en México, en particular el uso de la violencia sexual contra las mujeres, y transmitir un mensaje que indique claramente que estos actos ya no se tolerarán.
También asegurar que los expertos médicos forenses oficiales son independientes de las procuradurías de justicia a nivel federal y estatal.
En tanto, a la PGR, urgen acelerar el trabajo de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura y publicar un registro de denuncias de tortura, desglosadas por género, edad y nacionalidad; y garantizar que la atención ginecológica obtiene el consentimiento pleno e informado de la mujer y que ésta tiene capacidad para elegir la manera en que es examinada, y garantizar también que la mujer cuenta con acompañamiento psicológico en esos casos.
Aquí el informe completo: https://www.amnesty.org/es/documents/amr41/4237/2016/es/
