En menos de media hora y con 24 votos de la mayoría panista en el Congreso de Tamaulipas, se aprobó un reglamento que protege al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca del proceso de desafuero que inició en su contra la Cámara de Diputados, a petición de la Fiscalía General de la República. Lo aprobado faculta al Congreso local a negar el desafuero, aunque la Cámara de Diputados lo ordene.
Se trata de un reglamento análogo al que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (hoy Congreso de la Ciudad de México) buscó proteger al entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, por el proceso de desafuero que le fincó el ex presidente Vicente Fox, del PAN.
Con nuevo reglamento el Congreso local se arroga la facultad de negar el desafuero a la Cámara de Diputados si advierte que en el proceso hay una intencionalidad política, tal como como ha denunciado en varias ocasiones el mandatario estatal, a quien se le acusa de delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito y otros delitos.
Durante una sesión “exprés” realizada este martes por la tarde, la mayoría panista, apoyada por el PRI, venció en votación a la minoría morenista, quien impulsó que en caso de no aceptarse el desafuero, los delitos imputados no prescribirán y Cabeza de Vaca podrá ser procesado judicialmente cuando termine su mandato y termine también el fuero constitucional.
Para dar cumplimiento a la nueva normativa, se instalará una Comisión Instructora que analizará las pruebas acopiadas por la FGR para determinar si se trata de una persecución política por parte del gobierno federal. Algo que el gobernador ha acusado y el presidente Andrés Manuel López Obrador negado.
Se estableció que el proceso que realiza la Cámara de Diputados se replicará con exactitud a nivel local. A esto se le llamó “proceso de homologación”.
Para ello, la Comisión Instructora dará tiempo a las partes para presentar las pruebas tanto de acusación como de defensa. Luego de analizar las pruebas, emitirá un dictamen que se presentará al Pleno del Congreso, el cual definirá si procede el desafuero.
“El procedimiento de homologación tiene como finalidad verificar que la acusación del Ministerio Público Federal tenga fundamentos probados y que no sea una simple acusación de la oposición política que vulnere la soberanía estatal; y que la declaración emitida por la Cámara de Diputados que resuelva que ha lugar a proceder en contra de los funcionarios se ajuste a la normatividad aplicable”, señala el acuerdo aprobado.
Habida cuenta de que el PAN, el partido al que pertenece el gobernador, es mayoría legislativa, es de preverse que el desafuero se declare improcedente. A su vez, al ser Morena la mayoría dentro de la Cámara de Diputados, es de preverse que se ordene el desafuero, con lo que se verificará una confrontación entre diputados federales y locales, la cual tiene como único antecedente precisamente el proceso desafuero que en 2004 se le fincó a López Obrador.
La iniciativa no solo protege al gobernador: también cobija a diputados locales y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas. Es decir, que si se iniciase un proceso de desafuero en contra de diputados o magistrados locales, aplicaría la normativa aprobada este martes.
La aprobación del reglamento fue criticada por el morenista Rigoberto Ramos, de Morena, quien dijo que es una irresponsabilidad aprobar leyes hechas al vapor. “Lamentablemente, vamos a ser quienes le vamos a quedar deber a todos los tamaulipecos. Estamos siendo arbitrarios y se da un autoritarismo total en este Congreso”.
Pero el panista Arturo Soto Alemán dijo que este “no es un tema nuevo”, sino que es el mismo reglamento que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó para proteger al entonces jefe de gobierno de la capital.
“Deberíamos conocer perfectamente el texto del documento que ya se presentó un texto similar en el desafuero de López Obrador cuando era jefe de gobierno”, respondió a los morenistas.
