El alcalde morenista del municipio de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, ha sumido a esta localidad en una crisis política luego de acumular múltiples señalamientos como cierre arbitrario de espacios públicos, abusos de autoridad, operativos policiales sin fundamento jurídico y agresiones contra periodistas, entre otras conductas.
Una investigación del medio digital Reporte Índigo, revela que uno de los casos que más ha indignado a la población es el cierre del Museo Nacional del Tequila (MUNAT) desde hace cinco meses sin previo aviso ni una justificación; versiones de medios locales indican que el presidente municipal literalmente “se apropió” del inmueble para convertirlo en sitio de residencia y oficina, para lo cual se le hicieron algunas modificaciones.
Sin embargo, al ser el recinto un patrimonio histórico, se requería de un permiso por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y al no existir tal trámite, los cambios realizados en este edificio contravienen la normatividad en materia de protección del patrimonio cultural.
En junio del presente año, la FGR y la Guardia Nacional realizaron un operativo dentro del museo, y tras llevar a cabo un peritaje, se colocaron sellos de aseguramiento, confirmando que la autoridad federal investiga el uso inadecuado del inmueble.
La autoridad municipal no dio ninguna explicación sobre esta acción policial, pero en cambio, toleró que policías municipales golpearan y privaran de su libertad al periodista gráfico Jorge Alberto García, mientras realizaba la cobertura del operativo. Aun cuando el edil Diego Rivera Navarro intentó deslindarse de esta agresión al afirmar que nunca ordenó detener al reportero, tampoco anunció sanciones contra los agentes responsables.
El caso del Museo del Tequila, no es el único escándalo en que está envuelto el presidente municipal; este lunes 8 de diciembre se reportó un despliegue de entre ocho y diez patrullas municipales para bloquear el acceso a la empresa tequilera 1800 José Cuervo, sin que hubiera de por medio una orden judicial ni fundamento legal.
Sobre este asunto, versiones extraoficiales señalan que los habitantes de la región acusan un intento de expropiación, recurriendo a recursos como el cobro desmedido del impuesto predial, para presionar a la empresa. Al igual que como en el tema del Museo del Tequila, el alcalde no ha ofrecido ninguna explicación sobre la toma policial de esta compañía destiladora, la cual fue liberada posteriormente tras la intervención de policías estatales.
Hasta el momento, Rivera Navarro no ha emitido pronunciamiento alguno sobre los hechos que se le atribuyen y en sus redes sociales solo aparecen publicaciones donde se invita a la población a eventos religiosos y de entretenimiento.
El único posicionamiento sobre estos hechos, provino de Érika Pérez, presidenta de Morena en Jalisco, quien cuestionó la intervención de la policía estatal en el operativo que el gobierno de Tequila llevó a cabo en la empresa 1800 José Cuervo con la única finalidad, según dijo, de “revisar su situación legal y el cumplimiento de sus obligaciones municipales”. Llamó al gobernador jalisciense Pablo Lemus a respetar la autonomía de los municipios y lo acusó de “proteger a los poderosos”.
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