El Instituto Nacional Electoral (antes IFE) surgió como una respuesta a la desconfianza ciudadana a las elecciones organizadas por gobiernos priistas. ¿Qué pasará con esa institución si la constante metralla del actual Presidente de la República genera, precisamente, una crisis de confianza en el INE?
Los partidos herederos de la Revolución mexicana hicieron del fraude electoral una institución aparte. Sin embargo, lo burdo de la mapachería gubernamental en contra de Cuauhtémoc Cárdenas marcaría, en 1988, un punto de inflexión en los costos que acarreaba al régimen priista la ausencia de legitimidad democrática.
Además de implementar reformas electorales, en su sexenio Salinas cambió de secretario de Gobernación en el arranque de ese año crítico que fue 1994, cuando iban a llevarse a cabo comicios presidenciales. Jorge Carpizo, en su calidad de nuevo titular de Segob y, por ende, del Consejo General del IFE, logró diversos acuerdos partidistas y junto con consejeros ciudadanos nombrados ese año prestó al Presidente legitimidad rumbo a las elecciones.
Los priistas entendieron que ya no podrían organizar los comicios, por lo que en la segunda parte de los años 90 se consolidó la ciudadanización del IFE, antecesor del INE. Tal ciudadanización no ha estado exenta de críticas por las cuotas y los cuates que distintos partidos han logrado colar al órgano electoral.
Así llegamos al 2018, cuando ganó Andrés Manuel López Obrador. Pero AMLO nunca ha perdonado al INE ser, en esencia, el mismo que en 2006 no validó lo que él considera su triunfo de aquel año. Y, sobre todo, no considera pertinente que haya un árbitro que le imponga límites a él o a los suyos. Si el INE toca los intereses de sus adversarios, se limitará a encoger los hombros: una ganancia inesperada. Pero no aplicará lo mismo cuando se trate de Morena. Ahí el Presidente sigue siendo el mismo que hace 15 años gritó que “al diablo con sus instituciones”.
López Obrador es el gran apóstata del modelo político del que se benefició hasta llegar a la Presidencia hace dos años y medio. Varias de las reformas electorales más importantes fueron impulsadas por el partido donde militaba o tratando de complacerle. Ahora dinamita la escalera que le ayudó a ganar elecciones.
El Presidente ha dicho hasta el cansancio de los oyentes, que no del emisor, que él busca un cambio de régimen. En la lógica de Andrés Manuel, si su gobierno ya no hace trampa como todos los anteriores, entonces ya no se necesitaría el INE que diseñamos como freno a la tentación fraudulenta de los gobernantes.
El tabasqueño apuntalará su argumentación en que él promovió que hacer fraude electoral fuera delito grave y que, como quedó claro en el evento con los gobernadores de la semana pasada, él tiene a la mano a poderosos fiscales para emprenderla en contra de quien –a su juicio– intervenga en los comicios.
Lorenzo Córdova parece decidido a dar la batalla. El INE por él presidido quiere impedir una sobrerrepresentación ilegal de quien gane en la elección legislativa federal –donde las encuestas apuntan con más probabilidad a Morena, hoy sobrerrepresentado en San Lázaro– y ha pedido que retiren las candidaturas a dos candidatos del Presidente, el de Michoacán y el impresentable de Guerrero. El choque es inevitable.
El Presidente se ve como el único árbitro con legitimidad, por eso querrá sembrar la desconfianza en el INE. ¿Lo logrará? La respuesta la tienen aquéllos que sí recuerdan cómo era votar y saber que el voto no iba a contar; y los jóvenes, que no saben lo que es eso.
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