Cuestionado con seriedad sobre el espionaje desplegado por el Ejército contra un defensor de los derechos humanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador no sólo no lo negó sino que dijo que ahora es “inteligencia”, además de que nunca pudo dar la base legal de esa actividad a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En una conferencia de prensa en la que el presidente se solazaba en hablar de beisbol y de Colombia, tuvo que enfrentar serios y fundados cuestionamientos de Nayeli Roldán, reportera de Animal Político, quien le preguntó sobre el espionaje que ha desarrollado la Sedena sobre Raymundo Ramos, como lo mostró el reportaje “El Ejército espió con Pegasus a defensor de DH; el secretario Sandoval lo avaló en este sexenio”, publicado el 7 de marzo, sustentado en un documento de la secretaría encontrado entre el material hackeado por Guacamaya. Esa intervención de las comunicaciones es ilegal y es considerada como delito en el Código Penal Federal.
Sin hacer referencia a ningún fundamento, López Obrador rechazó que se trate de una ilegalidad y afirmó que la Sedena tiene facultad legal, y cambió las denominaciones de esa actividad: “Se tiene que hacer investigación, que no espionaje, que es distinto. Y el instituto de inteligencia del gobierno hace investigación”. Importante es destacar que no negó que el espionaje se haya estado llevando a cabo, cuando había dicho que en su gobierno no lo habría.
Según el tabasqueño, la diferencia entre lo que él denomina “espionaje” e “inteligencia” radica en que el primero está relacionado “con la persecución política, con limitar las libertades, con amenazar, intimidar, reprimir a los opositores, lo que nosotros padecimos durante años”.
Para respaldar sus dichos, el presidente mencionó los tiempos de Miguel Nazar Haro, el titular de la Dirección Federal de Seguridad de fines de los años 70 y principios de los 80 (por cierto, cuando López Obrador hacía sus pininos en el gobernante PRI).
Roldán siguió inquiriendo sobre la legalidad del espionaje del Ejército; para evadir el asunto, incapaz de citar algún precepto legal al respecto, recurrió a varios subterfugios. Uno de ellos fue involucrar a lo que él denominó “centro de inteligencia del Estado” —después le llamó “instituto”, pero en realidad su nombre es Centro Nacional de Inteligencia (CNI)—, y justificó la criminalización que un presunto periodista hizo de Raymundo Ramos, víctima del espionaje del Ejército, en una de sus conferencias de prensa anteriores.
Pese a las burdas y repetitivas provocaciones del presidente, Roldán continuó centrada en preguntarle sobre la legalidad del espionaje de la Sedena. López Obrador insistió, sin ofrecer ninguna certeza, en que tuvo que haberse dado “con la participación del instituto de inteligencia del Estado y trabajan de manera coordinada”, como si ello constituyera su legalidad, cuando, de haber ocurrido así, probablemente ambas instituciones habrían incurrido en delito.
Para justificar la intervención de llamadas, López Obrador dijo que así se había salvado la vida de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Pero Roldán continuó al inquirir sobre cuál fue el objetivo del espionaje a dos periodistas y a un defensor de los derechos humanos: “No sé, no sé, no sé”, respondió el jefe de Ejecutivo, extraviado en su propio laberinto.
La reportera fue inclemente al insistir en preguntar por la base legal del espionaje de la Sedena; confundido, López Obrador confesó su ignorancia al respecto: “No me explicaron nada; eso seguramente tiene que ver con el trabajo de inteligencia que llevan a cabo los organismos encargados de hacer este trabajo”.
López Obrador dijo que la oficina de inteligencia de su gobierno tiene facultades para hacer investigaciones con autorización; sin embargo, Roldán le aclaró que en el caso del defensor de derechos humanos la intervención de su teléfono se hizo sin autorización: a una solicitud de información, Sedena informó que no había solicitado ninguna.
La defensa de la supuesta legalidad del espionaje de la Sedena la resumió de la siguiente manera López Obrador: “Les tengo confianza a los mandos porque saben muy bien que está prohibido el espionaje”.
Ante la notoria incapacidad y evidente ignorancia de López Obrador para justificar legalmente el espionaje de la Sedena y ya que había involucrado al CNI en el asunto, la reportera le preguntó si podría hacer acudir a su conferencia de prensa al general Audomaro Martínez Zapata para que diera las explicaciones al respecto y rindiera cuentas.
Sin embargo, López Obrador respondió que no tiene “por qué venir”, y que él informaría. ¿La razón? “Porque no es a partir de lo que a ustedes les conviene, que son contrarios a nosotros” y porque “ustedes no van a poner la agenda”.
Pese a que se le mostraron pruebas del reportaje para insistir en la petición, López Obrador dijo: “‘A ver, que venga al banquillo de los acusados Audomaro Martínez’. No, si fuese algo realmente importante, trascendente, que afectara a la sociedad, que afectara al pueblo. No, esto es un invento de ustedes, un golpe más para supuestamente afectarnos”.
Todo lo anterior fue aderezado generosamente por López Obrador con sus descalificaciones contra Animal Político, Proceso, Carmen Aristegui, Reforma, “M19” y “Página 19” (como denominó, sin la gracia que él creía poner, a Artículo 19), Calderón, García Luna, los conservadores, los gobiernos neoliberales, Raymundo Ramos, Fox, la OEA, Nazar Haro, la oligarquía… Y, pese a todo ello, no pudo dar el fundamento legal del espionaje practicado por el Ejército.
