El presidente Andrés Manuel López Obrador se negó a hablar de la cifra de periodistas asesinados en México y afirmó que no lo han sido por el Estado, “como era antes”, y negó que reprima comunicadores. Pero la Secretaría de Gobernación ha dado cifras de que funcionarios son responsables de 45 por ciento de agresiones contra reporteros.
La mañana de este miércoles un reportero le pidió al presidente instruir para que el Mecanismo para la Protección de Derechos Humanos y Periodistas “funcione como debe funcionar y no como un ente burocrático”, y le recordó que “somos el país que más cantidad de periodistas han sido asesinados, pero además el 100 por ciento de los periodistas somos del interior de la república”.
Para responder a ello evadió referirse al número de reporteros occisos y minimizó su relevancia: “No vamos aquí a debatir sobre el número, sean 10 o 20, uno; no, eso no”.
También rehuyó al señalamiento acerca del funcionamiento del Mecanismo, y prefirió decir que no hay ningún “periodista reprimido”, y señaló una “pequeña diferencia”, según él: “Sí hay, lamentablemente, periodistas asesinados; no hay periodistas asesinados por el Estado, como era antes”.
Contradictoriamente, tras aceptar que hay homicidios de comunicadores, López Obrador se quejó de que “nuestros adversarios conservadores se dedican a decir que se asesinan a los periodistas”, pero que aquí “se garantiza la libertad de expresión y el Estado no reprime; el Estado no viola derechos humanos. Eso es lo único”.
Sin embargo, como acostumbra, el presidente fue deliberadamente confuso y no se sabe ni el periodo al que se refiere con “antes” ni tampoco qué entiende por “Estado”. Al respecto, cabe destacar que el funcionario del gobierno federal dedicado a las agresiones contra la prensa, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), declaró en marzo de este año que 45 por ciento de las agresiones contra periodistas en el país provienen de agentes del Estado, especialmente del ámbitos municipal y estatal.
Y sobre los derechos humanos, entonces Encinas también acusó que las fiscalías estatales (también parte del Estado mexicano) tienen responsabilidad en la impunidad en los casos de los homicidios de reporteros.
Acerca del derecho humano a la justicia, en enero de este mismo año Encinas informó que de los 52 casos de periodistas asesinados hasta entonces, sólo había cinco sentencias, una impunidad del 90 por ciento. De ellos, nueve eran protegidos por el Mecanismo.
En octubre de 2021, Enrique Irazoque, responsable de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Segob, en una conferencia de prensa sobre el Mecanismo, refirió que entre el 40 y el 50 por ciento de las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos provienen de autoridades y de servidores públicos, y enfatizó: “No solamente no hay autoridades locales que estén dispuestos a asumir su obligación de proteger sino que son parte del problemas”. Y agregó que el Mecanismo no podrá revertir la violencia si las autoridades son la fuente de riesgo.
Y, hasta donde se sabe, los municipios son una parte muy importante del Estado mexicano.
En su informe sobre la situación de la prensa en el primer semestre de este año, Article 19 registró 331 agresiones contra la prensa, de las que 128 (38.6 por ciento) fueron perpetradas por agentes del gobierno.
De esta última cifra, Article 19 halló que funcionarios civiles cometieron 75 agresiones, fuerzas de seguridad civiles 45 y fuerzas armadas 8. Por niveles de gobierno, 61 fueron de servidores públicos de estados, 44 de municipios y federales en 23 casos.
Pero López Obrador dice que en México “se garantiza la libertad de expresión y el Estado no reprime; el Estado no viola derechos humanos. Eso es lo único”.
