Por decreto, el presidente Andrés Manuel López Obrador concederá la liberación de presos mayores de 75 años, de 65 con enfermedades, los que por delitos no graves no han recibido sentencia en 10 años y quienes hayan sido víctimas de tortura.
Durante su conferencia de prensa de este jueves, el mandatario anunció que la Secretaría de Gobernación (Segob) está elaborando un decreto al respecto que él firmará y que será publicado durante la primera semana de agosto.
Así, informó López Obrador sobre el proyecto de decreto, serán liberados los presos de Centros Federales de Readaptación Social que tengan más de 75 años y de 65 años con enfermedades crónicas que no hayan cometido delitos graves; quienes hayan sido víctimas de tortura, y los que en 10 años no han recibido sentencia y no sean acusados de delitos graves.
Acerca de los casos de los presos mayores de 65 años con enfermedades, dijo que se seguirá un procedimiento simplificado, la Secretaría de Salud será la encargada de realizar los diagnósticos y dijo que la liberación “no va a ser mayor al 15 de septiembre”.
Sobre el grave retraso en sentencias para los presos, comentó que la justicia debe ser expedita, por lo que el asunto debe ser atendido por el Poder Judicial tanto a nivel federal como de los estados de la República.
El presidente afirmó que su gobierno no sólo no permite la tortura en ninguna circunstancia sino que la repudia porque es contraria a los más elementales derechos humanos: “El Estado mexicano no quiere, no desea, no acepta ninguna confesión bajo tortura”.
Sobre ello también destacó que la Segob ahora se hace cargo de la protección de los derechos humanos y de la justicia.
En su intervención, Olga Sánchez Cordero, titular de la Segob, dio la cifra de que el 43 por ciento de las personas que están presas no han recibido sentencia. Asimismo, mencionó que, a solicitud del presidente, se le solicitará a jueces que concedan la excarcelación y la prisión domiciliaria a mayores de 75 años y los que tengan 65 o más con enfermedades crónico-degenerativas.
A su vez, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de esa dependencia, Alejandro Encinas, destacó la ineficiencia en la impartición de justicia, y se manifestó a favor de una nueva política tanto para la liberación de las víctimas de tortura y para el castigo a quienes la perpetran.
El funcionario también dijo que, después de que sean aplicados los protocolos sobre tortura y los resultados hayan sido positivos, “el juez no debe dilatar una resolución para disolver las pruebas y sea puesto en libertad”.
