En un nuevo embate contra Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), organización que ha mostrado varias irregularidades y presumibles actos de corrupción de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró información privada de empresas y personas, denunció injerencia de Estados Unidos debido a su financiamiento y hasta prometió enviar una carta a Joe Biden por el asunto. Para sus fines, volvió a utilizar de manera facciosa a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encabezada por Pablo Gómez.
En su conferencia de prensa de este miércoles, y como lo había prometido desde el lunes en su tramposa e ignorante defensa de la sobrerrepresentación, el tabasqueño volvió a atacar con furia a la organización que evidenció el asunto de la Casa Gris de Houston que rentaba su hijo José Ramón por más de 100 mil pesos mensuales, con asuntos ya muy sabidos pero que ahora llevó más allá al publicar información privada de los trabajadores de MCCI (ya lo había hecho de manera ilegal y desvergonzada con su presidenta, María Amparo Casar, y sus hijos por el caso de una pensión de Petróleos Mexicanos).
Aún muy dolido y ofendido por las revelaciones que MCCI ha hecho de su gobierno y hasta familiares, a poco más de mes y medio de entregar el poder, para descargar su odio el tabasqueño utilizó a Pablo Gómez, un viejo comisario de la más rancia tradición comunista, para sus fines personales de revancha.
Así, el titular de la UIF pasó a exponer aspectos del financiamiento de MCCI: dijo que entre el 29 de agosto de 2018 y el 23 de enero de 2024 MCCI ha recibido de la Embajada de Estados Unidos 96 millones 740 mil 613 pesos, los que fueron transferidos por Financial Service Center y facturados por MCCI y la United States Agency for International Development (USAID).
Gómez, un muy veterano apparatchik, añadió que otras seis fundaciones dieron 13 millones 17 mil 951 pesos entre 2017 y 2023 a MCCI, mientras que la National Endowment for Democracy (NED), organización creada por el Congreso de Estados Unidos, contribuyó con un millón 615 mil 75 pesos, además de otra aportación de 425 mil 481 pesos en 2017 desde el Reino Unido.
Asimismo, reveló nombres de otros 12 aportantes particulares, y dio la cifra de 97 sujetos más (aunque en el cuadro que proyectó decía 96) que contribuyeron a las finanzas de la organización, que sumaron 39 millones 218 mil 293 pesos.
Con proceder cansino, Gómez (de quien en los últimos días se han mostrado videos de la época en que, como representante del PRD ante el INE, era un furibundo opositor a la sobrerrepresentación y al trafique de votos y candidaturas) reveló gastos hechos en el extranjero por MCCI a empresas de Suiza, Estados Unidos y Alemania entre 2016 y 2023, y pagos no sólo a diversas empresas sino también los hechos a los empleados de la propia organización, que publicitó nombre por nombre.
Aclaró que la subvención estadounidense a MCCI “no se da antes de las elecciones de 2018”.
Lo interesante es que Gómez no señaló ninguna ilegalidad en que haya incurrido MCCI, sino que afirmó que las organizaciones no gubernamentales no informan (“al pueblo de México”, of course) de los recursos públicos que reciben, y se quejó del vacío legal al respecto. También levantó la insidia al cuestionar que, si al recibir donaciones de empresas y gobiernos extranjeros (“el gobierno más poderoso del mundo”), esas organizaciones trabajan para ellos. Pero no señaló, ni con el más remoto asomo de claridad, alguna ilegalidad, ni tampoco si la dependencia que encabeza ha emprendido ya alguna acción al respecto.
Incluso, cuando al antiguo miembro del PCM le preguntaron si se podía hablar de injerencismo de Estados Unidos y si a MCCI se le podían fincar responsabilidades ante la Fiscalía General de la República, contestó que esa pregunta era para el presidente. Y luego su argucia fue que la información de las organizaciones no gubernamentales no debe estar oculta sino que debe ser pública porque, según él, esas organizaciones son de interés público.
Por su parte, López Obrador dijo que enviará al presidente Biden una carta sobre el asunto, que aunque es público desde hace tiempo (es una denuncia que ha hecho en otras ocasiones), ahora lo formalizará “porque ahora abiertamente hay injerencia de Estados Unidos en asuntos que sólo corresponden a la soberanía de nuestro país”.
Aseguró que el presidente estadounidense no está informado de la situación “porque pueden estar diciendo que es apoyo para una fundación que tiene el propósito de combatir la corrupción en México cuando es exactamente lo opuesto”.
El tabasqueño agregó que MCCI “es una fundación que tiene el propósito de mantener la corrupción y los privilegios, pero además es una fundación que en los hechos, de facto, dirige a todo el bloque conservador que está en contra del gobierno que legal y legítimamente se constituyó en nuestro país”, dijo, sin presentar ninguna prueba de ello y sin mencionar si ya presentó las denuncias al respecto ante las instituciones de justicia respectivas.
Dijo que pedirá a la procuradora fiscal y al SAT una revisión de los donativos para saber si son legales y que se presente un informe, además de que se deben presentar iniciativas de ley para que “no sean con recursos del mismo pueblo que se hagan campañas contra los intereses de la mayoría de los mexicanos”.
Pero el macuspano tampoco señaló ninguna ilegalidad en el financiamiento ni en el gasto de MCCI.
En el noticiero matutino de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, María Amparo Casar, presidenta de MCCI, respondió de botepronto al tabasqueño y a su comisario. Afirmó que le parece un exceso que se haya empleado más de una hora de la conferencia de prensa presidencial “para leer quiénes son los donantes, los sueldos, los gastos, los pagos, los ingresos, etcétera”.
La politóloga acusó que “hay una gran falsedad” en este nuevo ataque contra MCCI, que es la acusación de falta de transparencia que hizo el titular de la UIF no sólo contra MCCI sino contra organizaciones no gubernamentales.
Al respecto, Casar aclaró a Gómez: “MCCI, como cualquiera otra organización, presentamos un informe de transparencia todos los 31 de mayo, la fecha límite, con todos los ingresos y los gastos que hace la organización. Sí tenemos esta obligación de transparencia por ley y la cumplimos. Es por ley, no lo hago graciosamente; yo pago a un auditor externo, incluso, para que audite las finanzas de MCCI, lo que sí hago voluntariamente”. Agregó que así lo ha hecho desde el 2016, “sin ninguna falta, y no hemos recibido observación alguna”.
Pero dijo que de la dependencia que sí han recibido observaciones del SAT, las que han solventado, y que como resultado de un litigio, a la organización le fueron devueltos recientemente 5 millones de pesos debido a que “pagamos impuestos en exceso”.
Refutó a Gómez: “Estamos auditados, primero, por el SAT; segundo, la auditoría que pagamos en MCCI para no tener ninguna falta; tercero, por el informe de transparencia que mandamos todos los años en mayo al portal de transparencia, y todo está perfectamente acreditado”.
Reconoció que MCCI ha recibido financiamiento de la USAID (organismo estadounidense que apoya a organizaciones de la sociedad civil) durante seis años. Añadió que no fueron apoyados por esa institución durante sus primeros dos años de existencia porque estaban acreditando su labor e incidencia en temas como rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción; cuando lo hicieron, les fue otorgado el donativo, que revalidaron tres años más tarde.
Sobre la vinculación política-electoral que trazó Gómez de MCCI con Estados Unidos y Claudio X. González, Casar comentó, primero, que USAID es muy cuidadosa “en épocas electorales para que no vaya a haber una confusión”, y añadió: “No tiene nada de ilegal”. En ese mismo sentido se refirió al apoyo de NED.
Acerca de González, Casar aclaró que desde junio de 2020 salió de MCCI y ya no tiene nada que ver con la organización porque decidió dedicarse a la política.
