Desde el inicio del sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador redujo la cantidad de tratamientos contra cáncer financiados con recursos públicos hasta llegar a cero tratamientos en 2021, indican cifras oficiales recuperadas por la reportera Nayeli Roldán, de Animal Político.
Esto, mientras los tratamientos contra cáncer aplicados en instituciones privadas se elevaron 98.5%, prácticamente en la misma proporción que se redujeron en el sector público. No sólo eso: en 2021 el Insabi únicamente destinó el 10% de su presupuesto en atención médica. El otro 90% quedó sin gastar y se regresó a la Tesorería.
Este lunes y martes, la periodista publica dos notas que documentan el desastre del sistema de salud con AMLO: el abandono a los pacientes de enfermedades catastróficas y la desaparición de más de 90% de recursos del Insabi en retornos a la Secretaría de Hacienda.
Refiere la investigación que desde el inicio del sexenio el gobierno quitó presupuesto para la atención de enfermedades catastróficas, como el cáncer. Esto se asienta en reportes oficiales del desaparecido organismo de salud. Cáncer infantil, de mama y cérvico uterino fueron dejados de lado por el gobierno, mientras los recursos desaparecían de manera no explicada.
Por otro lado, datos del Inegi han establecido que el gasto en salud hecho por los mexicanos, incluso los que tienen seguridad social, se ha incrementado sustancialmente (39%), mientras en los hospitales públicos perdura el desabasto, la falta de camas, insumos y personal.
Al inicio de cada año, AMLO presumió los muy elevados presupuestos asignados a diferentes dependencias y organismos de salud, pero en un gran número de casos, el dinero no se gastó, sino que se mantuvo sin ejercer para luego devolverse a las arcas federales. Esto configura un auténtico saqueo presupuestal cometido por el propio gobierno a expensas de los ciudadanos.
El panorama que dan las cifras es indiscutible: el gobierno de AMLO utilizó el Insabi como fuente de triangulación de recursos. Asignó miles de millones en presupuesto, dejó de alimentar el Fonsabi (Fondo para enfermedades catastróficas) y el dinero subejercido lo hizo retornar a la SHCP donde se le perdió la pista.
La ley ordena que el presupuesto no ejercido por las dependencias sea regresado a la Tesorería, en donde los recursos dejan de estar etiquetados. Una vez ahí, el gobierno puede hacer uso discrecional del dinero, en tanto que mientras el presupuesto se encuentre en una dependencia, es obligado dar cuenta de su uso.
Dice la nota de Roldán que “mientras en 2018 los hospitales privados aplicaron 48 mil tratamientos (contra el cáncer), en 2019 aumentaron a 94 mil, un crecimiento de 98.5%, la mayor alza registrada desde 2013, de acuerdo con las Estadísticas de Salud en Establecimientos Particulares del INEGI”.
“En 2020 hubo 67 mil quimioterapias aplicadas en hospitales de paga, en 2021, 76 mil; y en 2022, 64 mil; todas cifras mayores a las registradas en el sexenio de Enrique Peña Nieto”.
Respecto a los recursos del Insabi, se recordará que el gobierno de AMLO extinguió el antiguo fideicomiso del Seguro Popular, previa desaparición de este organismo. Su excusa fue que había “corrupción” pero en realidad se trató de una maniobra legal para apoderarse de los recursos acumulados en el Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud (FSPSS), como hizo con otros fideicomisos.
Este ahorro, por ley, estaba destinado al pago de tratamientos de enfermedades catastróficas e infraestructura hospitalaria. El gobierno de AMLO tomó el dinero y lo colocó en un nuevo fideicomiso, Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi), con distintas reglas de operación que le permitieron apoderarse del dinero mediante un mecanismo de regreso de recursos no ejercidos.
Mediante una reforma a la Ley General de Salud se permitió que los “remanentes” del Fonsabi se regresaran a la Tesorería. El fideicomiso anterior, el del Seguro Popular, acumulaba cualquier excedente de manera tal que cuando AMLO llegó al poder, había una gran cantidad de dinero guardada que pudo usarse para tratamientos contra el cáncer, pero no fue así.
Dice la periodista que “en su segundo informe de labores, el Insabi reconoció haber gastado 106 mil 515 millones de pesos del Fonsabi, pero 50% de ello –53 mil millones de pesos– los regresó a Hacienda, como establecía dicha modificación a ley de Salud”.
Es decir que de esos 53 mil millones no se volvió a saber nada, mientras el país vivía una pandemia, un grave desabasto y los pacientes de cáncer exigían quimioterapias.
Agrega la nota que “sólo el 7.35% del gasto de 2021 se destinó a la subcuenta del Fondo denominada Atención de Enfermedades que Provocan Gastos Catastróficos”. Eso significa que a la ordeña del fideicomiso se agregó una muy exigua alimentación presupuestaria.
“En 2021, su segundo año de operación, sólo destinó 10% de su presupuesto para atender enfermedades e infraestructura hospitalaria para las personas sin seguridad social, es decir, los más pobres en el país; en cambio, el 90% de los recursos –equivalentes a 95 mil millones de pesos– fueron reintegrados a la Secretaría de Hacienda, sin que hasta la fecha hayan informado en qué lo gastaron”, enfatiza la reportera.
Un año antes, en 2020, el gobierno tomó del Fonsabi 32.5 mil millones para “gasto corriente” del Insabi y tomó 21 mil millones para regresarlo a la Tesorería. En cambio, sólo gastó 9.4 mil millones en realmente atender enfermedades.
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