En una semana la senadora por Morena, Andrea Chávez Treviño, cambió la versión sobre las caravanas de salud en Chihuahua que desde hace al menos dos años recorren las calles de Chihuahua para hacerse promoción personal, una práctica ilegal según lo establece la ley electoral.
En su participación del 19 de marzo en la emisión matutina de Azucena Uresti en Radio Fórmula, la senadora afirmó que las unidades médicas eran “donativos” de la clase empresarial, sin embargo, una semana después y luego de que políticos de la oposición resaltaron que aceptar donativos también es ilegal, Chávez Treviño, sorprendida, negó que se trate de “donativos” y ahora dijo que son “convenios de colaboración”.
Además de corrupta y protectora de agresores, Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) también es una gran mentirosa.
Hace una semana con @azucenau dijo que las caravanas corruptas de salud en Chihuahua eran “donativos”.
Ayer, también en @Radio_Formula, la senadora negó que fueran… pic.twitter.com/gkRQka95kF
— Alejandra Escobar (@AleEsat) March 27, 2025
El pasado 18 de marzo, Latinus reveló que las unidades médicas con que la senadora promueve su imagen son propiedad de un amigo muy cercano de Adán Augusto López Hernández, el empresario Fernando Padilla Farfán, quien cobra por esos servicios un promedio de diez millones de pesos al mes por caravana móvil.
Un día después, Chávez se victimizó y se quejó de ser objeto de una “persecución mediática” y hasta jurídica por el hecho de llevar medicinas y doctores a las colonias de escasos recursos de Chihuahua. Sin embargo admitió que su “gran amigo” Padilla Farfán es quien pone esa caravana, tal como lo informó Latinus. Desde entonces no ha explicado por qué no transparentó el origen de esta ayuda hasta que Latinus lo reveló. Tampoco dio ninguna justificación válida sobre el uso de su nombre y fotografía en esas caravanas, ya que eso califica según la ley como promoción personalizada de su imagen.
Por si eso fuera poco, el pasado martes Latinus también reveló que Padilla Farfán recibió contratos por 2 mil millones de pesos de los gobiernos de Chiapas y Tabasco, durante las gestiones de Rutilio Escandón y Adán Augusto, respectivamente.
Sobre este claro conflicto de interés, Chávez tampoco se ha pronunciado. Su intención sigue siendo hacerse la víctima y no reconocer su transgresión a la ley.
El Partido Acción Nacional (PAN) informó que emprenderá acciones legales contra la senadora de Morena acusándola de posibles delitos como lavado de dinero, fraude y uso indebido de recursos para promover su imagen en Chihuahua, con la intención de posicionarse rumbo a la gubernatura en 2027.
