El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Comunicación Social con 205 votos a favor y 168 en contra, sin abstenciones; la aprobación en lo general dio paso a la discusión en lo particular de 61 artículos, que fueron posteriormente aprobados por los legisladores con la misma votación.
El vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD, Jesús Zambrano, presentó una moción suspensiva a nombre de su bancada para detener la votación del dictamen, pero su solicitud fue rechazada por mayoría.
“Es una pretensión de simulación; es una falsedad. Nosotros sí queremos que se cumpla la sentencia de la Corte; no queremos la simulación, por eso queremos que se declare, que se acepte la moción suspensiva y se regrese a la Comisión de Gobernación”, destacó el perredista.
La diputada del PRI, Carolina Viggiano, afirmó por su parte que sí hubo tiempo de discutir la iniciativa y que “hoy, con la explosión de las redes sociales, no necesitamos estar limitando a nadie de lo que puede expresar en función de lo que quiere y piensa sobre nuestro país”.
Morena también se opuso porque la iniciativa legaliza las campañas de promoción personalizada, permite el uso de recursos públicos para difundir logros personales; reglamenta el uso discrecional y arbitrario de la repartición de publicidad oficial y avala su contratación como botín de negociación política, tal como se ha realizado hasta nuestros días, según declaró Virgilio Caballero.
Diversas organizaciones se manifestaron afuera del Palacio Legislativo y vía redes sociales en contra de la que fue bautizada con el hashtag #LeyChayote, que rápidamente se convirtió en tendencia este martes en Twitter.
El dictamen ha sido cuestionado por organismos de la sociedad civil como Artículo 19 y Fundar, quienes denuncian que se trata de una simulación que sólo pretende cumplir con un formalismo para no caer en desacato ante la sentencia de la Suprema Corte, que ordenó al congreso emitir una ley que regule la publicidad oficial antes del 30 de abril.
Según Publicidad Oficial, el dictamen incentiva el uso proselitista de la publicidad oficial, sigue permitiendo la ineficiencia y discrecionalidad en el uso de los recursos, centraliza más el control del gasto en publicidad oficial, no fomenta el pluralismo y la diversidad, y no propone transparencia y regulación de la medición de audiencias.
(Con información de Aristegui Noticias y El Financiero)
aml
