Entre 2021 y enero de 2022 se han registrado 2 mil 450 homicidios contra niñas, niños y adolescentes (en promedio, cerca de siete diarios y nueve feminicidios mensuales), así como 27 mil 772 delitos contra ellos, según información de la organización Save The Children.
En un reporte sobre la violencia contra niños y adolescentes, esa organización indica que entre 2015 y 2021 las denuncias de violencia familiar han aumentado en 83.6 por ciento, mientras que las denuncias de violación crecieron de 12 mil 619 a 19 mil 484 (54.4 por ciento).
En los dramáticos datos referentes al último año, Save The Children registra más de 27 mil 772 delitos cometidos contra niños y adolescentes; entre ellos hay 2 mil 450 homicidios y 107 feminicidios, además de 13 mil 758 lesionados. Aclara que en esas cifras no están los casos no identificados ni denunciados.
Destaca que en enero pasado ya se han registrado en el país formas de violencia contra los menores de edad que incluyten discriminación, revictimización, daño a la intimidad, abandono, violencia sexual, lesiones, homicidio y desapariciones.
Para Save The Children, lo anterior es el impacto que sobre los menores causa que el país esté experimentando un proceso de descomposición social grave y profundo. Al respecto señala dos aspectos clave muy preocupantes: primero, la vulneración de los derechos de los infantes “cuenta con la autorización, protagonismo o complicidad de las instituciones del Estado o incluso son ignorados por las propias autoridades”; segundo, que mucha de la violencia se genera en el entorno familiar, escolar o comunitario.
Por lo anterior, la organización convocó a la sociedad a evitar que la violencia contra niños y adolescentes se normalice y a exigir a los gobiernos acciones contra ella. A los medios de comunicación les llamó a evitar la exposición pública de los menores, en especial en situaciones en las que son violados sus derechos humanos.
Entre las recomendaciones que respecto a los menores Save The Children hace a los gobiernos están el fortalecimiento de los sistemas integrales de protección y de fiscalías generales, procuradurías especializadas y del Ministerio Público, garantizar la pronta impartición de justicia, mejorar la capacidad institucional para atender casos de riesgo y estrategias de prevención que atiendan las causas estructurales de la violencia.
