Carlos Antonio Alpízar Salazar, quien fue secretario del ministro Arturo Zaldívar y después funcionario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha sido prácticamente exonerado por el ala obradorista del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de las acusaciones de haber ejercido presiones contra jueces para manipular sus resoluciones.
En abril de 2024 se dio a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había abierto una investigación contra Zaldívar y varios miembros de su equipo por “vulnerar la autonomía e independencia de titulares de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros”.
Entre los denunciados está Alpízar Salazar, quien fue secretario general de la Presidencia del CJF y que fue acusado por enriquecimiento ilícito, corrupción y extorsión.
En el documento de la denuncia contra Zaldívar y sus cercanos se describía, por ejemplo, que Alpízar Salazar intentó intimidar a un par de magistrados para que no frenaran la cancelación del Nuevi Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Vía telefónica y de forma personal, les amenazó con cambiarlos de adscripción, suspenderlos e inhabilitarlos, y hasta con iniciarles procedimientos en su contra.
Como los jueces se negaron a satisfacer las órdenes de Zaldívar y que les hizo llegar mediante Alpízar Salazar, fueron castigados.
En el documento de la denuncia se describía el modus operandi de Alpízar Salazar: “Citar a magistrados, jueces e incluso secretarios en funciones al piso 14 (catorce) del edificio sede del Consejo de la Judicatura Federal para presionarlos o exigirles que resolvieran en determinado sentido, prometiendo beneficios políticos y económicos, o bien los extorsionaba o amenazaba con cambios de adscripción o inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa; especialmente en asuntos de naturaleza mercantil”.
Posteriormente una magistrada, Elba Sánchez Pozos, dio su testimonio en varios medios contra Zaldívar y su colaborador. Dijo que presentó varias denuncias por corrupción en juzgados, pero que “topó” con los intereses del entonces ministro presidente de la SCJN. Refirió: “Lo busqué muchísimas veces y me rechazó; nunca me quiso recibir. Me recibió cuatro veces Carlos Alpízar con un trato denigrante: me decía ‘señora’, me quitó el cargo, o sea, me quitaron la investidura, me trataba despóticamente”.
También fueron dadas a conocer grabaciones en la que se escuchaba a Alpízar Salazar ejercer presiones, además de que hubo testimonios de cómo citaba a juzgadores en el piso 14 de la sede del CJF para ejercer presiones para que emitieran fallos a favor del gobierno, lo que también realizaba en restaurantes. Cuando menos hubo otros dos juzgadores que lo inculparon.
Posteriormente, cuando Zaldívar dejó la SCJN y el CJF sin la debida justificación, y se sumó a las filas de Claudia Sheinbaum, Alpízar Salazar no se quedó sin trabajo: se integró en la Secretaría de Gobernación.
Pese a esas denuncias y testimonios, el pasado 27 de noviembre el Pleno del CJF prácticamente exoneró a Alpízar Salazar merced a los votos de la mayoría oficialista en ese órgano.
En efecto, se informó que el día mencionado el consejero José Alfonso Montalvo Martínez presentó un proyecto en el que se rechazaba un recurso de Alpízar Salazar con el procedimiento en su contra.
Sin embargo, en la votación se impuso la mayoría obradorista contra ese proyecto y beneficiar a Alpízar Salazar. En ese sentido votaron Bernardo Bátiz Vázquez, Verónica de Gyves Zárate, Sergio Javier Molina Martínez y Celia Maya García. Lo hicieron según porque se dio trámite sin pruebas a la denuncia.
A favor del proyecto se pronunciaron Norma Piña Hernández, Lilia Mónica López Benítez y Montalvo Martínez.
Aunque el proceso se encontraba apenas en investigación, esta resolución del CJF es un gran paso para garantizar impunidad en el caso de las presiones contra juzgadores.
