A través de su cuenta de Twitter, el presidente de la mesa directiva del Senado, Martí Batres, defendió el memorándum que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a secretarios de gobierno para desconocer la Reforma Educativa.
A pesar de que abogados y diferentes órganos autónomos han señalado la inconstitucionalidad del memorándum, Batres Guadarrama dijo que éste tiene validez jurídica mientras nadie lo impugne y la Suprema Corte de Justicias de la Nación determine si es o no constitucional.
“Memorándum.Cada Poder del Estado decide usando medios legales a su alcance. Nada es inconstitucional a priori. Quien tenga interés jurídico lo hace valer ante el órgano competente para declarar la inconstitucionalidad. Si no la hay, la decisión seguirá teniendo validez jurídica”, escribió en su cuenta de Twitter.
Memorándum
Cada Poder del Estado decide usando medios legales a su alcance. Nada es inconstitucional a priori.
Quien tenga interés jurídico lo hace valer ante el órgano competente para declarar la inconstitucionalidad. Si no la hay, la decisión seguirá teniendo validez jurídica.— Martí Batres (@martibatres) 19 de abril de 2019
Asimismo, en entrevista para La Jornada, el morenista explicó que cada poder de la nación toma sus decisiones, de acuerdo con las atribuciones que la Constitución le otorga. “Las reformas constitucionales sólo las puede hacer el constituyente permanente, que es el conjunto de los órganos legislativos del país y al gobierno le corresponden decisiones administrativas”.
Agregó que cualquier contradicción la resuelve la Corte previa impugnación y citó el caso de la Ley de Seguridad Interior aprobada por la legislatura pasada: “Fue inconstitucional hasta que la Suprema Corte así la declaró. A contrario sensu, la Constitución de la Ciudad de México fue declarada constitucional pese a ser impugnada”.
De igual forma dijo que los “decretos presidenciales para asignar recursos públicos a instituciones educativas nunca fueron impugnados, por lo tanto, mantuvieron eficacia y validez jurídica”.
Pese a las afirmaciones del senador, en distintos posicionamientos la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Consejo General de Abogacía Mexicana indicaron que la orden de López Obrador vulnera la Constitución con el memorándum.
El Consejo de Abogacía subrayó que López Obrador transgrede el juramento que rindió al tomar posesión como Presidente de la República de “guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen”; mientras que la CNDH aludió que nada debilita más al Estado de derecho y a las instituciones que el hecho de que se promueva y ordene desde las instancias de poder -en este caso la del Ejecutivo- que se desconozca la ley, se incumpla y se deje de aplicar.
El organismo nacional recordó que la educación es un derecho humano fundamental reconocido por la Constitución y otros instrumentos internacionales suscritos por el país, por lo que la instrucción de dejar de aplicar la ley genera el riesgo de que se produzcan vulneraciones de los derechos de los niños y adolescentes, además de que las autoridades estarían actuando al margen o fuera de las normas.
