La directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez Buylla, busca impulsar una serie de reformas a los estatutos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), con el fin de legitimar la designación de José Antonio Romero Tellaeche como director de dicha institución, así como las decisiones que éste ha tomado.
Según la convocatoria a una Asamblea General de Asociados del CIDE, una de las propuestas del Conacyt consiste en modificar la fracción IV del Artículo 29, para que el nombramiento del director del CIDE ya no tenga que pasar por la aprobación del Consejo Académico, como estipulan los estatutos actuales, sino que éste solamente “tome conocimiento” de la postulación.
También se plantea modificar el Artículo 42, en el cual se establecen las atribuciones del Consejo Académico para aprobar el programa de trabajo del director general del CIDE, la creación o suspensión de programas docentes, las disposiciones académicas de aplicación general dentro de la institución, así como cualquier modificación a los estatutos. Con la nueva redacción planteada por el Conacyt, se quita tal facultad al Consejo Académico para que éste “solo opine”.
Otro cambio tiene que ver con las modificaciones a los requisitos para el nombramiento del Secretario Académico, para que ya no sea obligatorio que éste haya sido miembro del CIDE por al menos dos años. Este cambio facilitaría la formalización del nombramiento de Jordy Micheli, nombrado por Romero Tellaeche como encargado de despacho de la Secretaría Académica, aun cuando no cumple con los requisitos, dado que nunca antes había laborado en la institución.
Consultado por El Universal sobre este tema, el académico del CIDE y de la UNAM, Javier Martín Reyes, señaló que tanto la convocatoria para una Asamblea General de los Asociados del CIDE como las reformas planteadas por el Conacyt son ilegales porque para ambas cosas se requiere el aval del Consejo Académico.
Explicó que la intención de María Elena Álvarez Buylla es nulificar al Consejo Académico, que actualmente ha sido el único contrapeso a las decisiones tomadas desde la dirección general; el objetivo es concentrar en esta última todas las decisiones y que el Consejo quede como órgano meramente testimonial. Por lo tanto, se busca legitimar “a la mala” la imposición de Romero Tellaeche y todas sus acciones que, a la luz de los actuales estatutos, son ilegales.
Consideró que aunque que es muy probable que los asociados del CIDE aprobaran las reformas planteadas desde el Conacyt, se sentaría un mal precedente que estas modificaciones se hayan hecho sin apego la normatividad vigente y de concretarse esta ruta para reformar los estatutos para plegarlos al capricho de la dirección general y del propio Conacyt, no se abonaría en nada al diálogo y se agravaría aún más el conflicto que se vive en el CIDE desde hace más de dos meses, por el desaseo que ha marcado la designación y el desempeño de José Antonio Ramírez Tellaeche como director.
“Todas estas reformas son intentos para regularizar a la mala todas las ilegalidades que ya se cometieron. Las reformas apuestan por el pensamiento único, por las decisiones unipersonales, por concentrar el poder en el director general y por otro lado, debilitar a la comunidad académica, a los órganos colegiados y hace que las decisiones ya no se tengan que tomar escuchado y pidiendo la decisión de la comunidad, sino que se puedan procesar de manera unilateral a través de la voluntad del director general. Esto no es ningún llamado al diálogo. Esto es echarle gasolina al incendio, agravaría aún más la situación que ha pasado el CIDE”, expuso.
Por otra parte, a través de su cuenta de Twitter, la Asamblea Académica Permanente del CIDE, se pronunció sobre esta convocatoria y tras enumerar las ilegalidades que se han cometido desde el Conacyt y la dirección encabezada por José Antonio Romero Tellaeche, advirtió que con ello se confirma la vocación autoritaria de quienes buscan apoderarse de la vida interna del CIDE para su eventual desmantelamiento. Por ello, señaló, hoy más que nunca se hace más vigente la demanda de que Romero dimita.
“De concretarse, estas acciones sientan un precedente ominoso de la facilidad con la que las instituciones de educación pública y su vida colegiada pueden ser intervenidas, anulando su capacidad para tomar decisiones, defender y representar a su comunidad”, indica en uno de los mensajes.
De concretarse, estas acciones sientan un precedente ominoso de la facilidad con la que las instituciones de educación pública y su vida colegiada pueden ser intervenidas, anulando su capacidad para tomar decisiones, defender y representar a su comunidad.
— AsambleaCIDE (@AsambleaCide) January 12, 2022
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