Dolores del Río, candidata de Morena a gobernar Hermosillo, otorgó contratos por más de 58 millones de pesos a un empresario muy cercano al gobernador Alfonso Durazo y al presidente Andrés Manuel López Obrador: Luis Carlos Valencia Rosas, propietario de supermercados, gasolineras y la empresa Operadora Río Colorado.
Durante la gestión de Dolores del Río como secretaria de Seguridad de Sonora la ahora morenista favoreció al empresario con contratos millonarios para proveer del servicio de vales de gasolina para el parque vehicular de la dependencia.
Valencia Rosas recibió estos contratos vía adjudicación directa, en un acto de favoritismo claro hacia un empresario consentido del gobernador Durazo y del presidente López Obrador.
Como premio por sus servicios al “movimiento”, Dolores del Río fue nombrada candidata de Morena para la alcaldía de Hermosillo, ciudad que recorre presumiendo sus inexistentes logros en materia de seguridad estatal.
Durante su paso por la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Alfonso Durazo Del Río hizo lo que todos los morenistas al dar contratos públicos: elegir empresas irregulares, fachadas o fantasma, privilegiar a familiares o conocidos de los familiares y utilizar a destajo el recurso de la adjudicación directa. Es el sello de la casa…
DOLORES DEL RÍO Y SUS TRES EMPRESAS FAVORITAS
María Dolores del Río Sánchez, exalcaldesa de Hermosillo y exsecretaria estatal de Seguridad Pública arrastra una pésima fam como servidora pública, pues combina ineptitud, deshonestidad, nepotismo y falta de preparación. Los habitantes de Hermosillo aseguran que fue una terrible presidenta municipal y a pesar de ello, ella quiere volver a gobernar esa ciudad.
No solamente su gestión al frente de Hermosillo (hace 20 años) fue deplorable, también lo fue su actuar como titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora, cargo en el cobró entre 2021 y enero de 2024 sin dar resultados positivos. Ahora Sonora tiene más violencia, más homicidios, robos, extorsiones y feminicidios.
También fomentó y fue partícipe de actos de corrupción, pues como secretaria de Seguridad otorgó al menos 161 contratos por un total de 310 millones 667 mil pesos de los que el 80.7% fue entregado por adjudicación directa, representando el 62.1% del presupuesto.
De esos más de 310 millones, el 30.2% se repartió entre sólo tres empresas: una de ellas, vinculada a un leal del presidente Andrés Manuel López Obrador (Carlos Valencia Rosas); otra empresa es fantasma, pues tiene su domicilio fiscal en un local de comida económica y su “fundadora” era una vendedora ambulante y una más recibió pagos en exceso por más de 13 millones de pesos.
El monto que Del Río entregó a estas tres empresas fue de 94 millones 308 mil pesos repartidos en nueve contratos.
La detallada investigación realizada por etcétera pudo localizar numerosos contratos que Del Río concedió vía adjudicación directa por muchos millones de pesos. También fue posible encontrar un conjunto de contratos que familiares de la morenista obtuvieron con dependencias públicas, aunque esto último será motivo de una tercera entrega.
En esta segunda entrega se analizan los casos de las tres empresas que concentran la tercera parte del presupuesto para proveedores que Dolores del Río gastó en su gestión. Cabe señalar que toda la información proviene de la Plataforma Nacional de Transparencia, ya que en el sitio web de la SSP estatal no hay información.
LOS CONTRATOS DE LOLITA
En la Plataforma Nacional de Transparencia existen 330 registros de contrataciones realizadas por la SSP de Sonora bajo la gestión de Dolores de Río. De esos 330 registros muchos están duplicados o incompletos. En ocasiones se publica una factura, sin un contrato que la avale o bien, contratos que no tienen el nombre del proveedor o el monto pagado.
La escasa información no se encuentra en el sitio web de la dependencia estatal, sino en la PNT, como apuntamos arriba.
Etcétera no tomó en cuenta los registros duplicados o incompletos y consideró para este reportaje únicamente los registros completos, que son menos del 50%, 161. Sobre esa cantidad es que se hace el presente análisis, que es un botón de muestra de la corrupción de la exfuncionaria.
Tenemos los siguientes datos:
-Estos 161 contratos abarcaron la adquisición de vehículos, patrullas, equipos de cómputo, sistemas de gestión, uniformes, equipo de protección; servicios de limpieza, internet, telefonía, mantenimiento de vehículos e instalaciones.
-De los 161, 130 contratos se otorgaron por adjudicación directa, 25 por licitación pública y 6 por invitación a cuando menos tres personas.
-La cantidad total de recursos en todos estos contratos fue de 310 millones 667 mil 203 pesos.
-La cantidad de dinero que se pagó en contratos por adjudicación directa fue de 192 millones 993 mil 307 pesos: 62.1% del total de recursos.
-La cantidad que se pagó por contratos vía licitación pública fue de 111 millones 271 mil 442 pesos: 35.8% del total de recursos.
-La cantidad que se pagó por contratos por invitación a cuando menos tres personas fue de 6 millones 401 mil 854 pesos: 2.1% del total de recursos.
-Dolores del Río tuvo a disposición un presupuesto de 2 mil 407 millones 710 mil pesos en 2022 y de 3 mil 102 millones 770 mil pesos en 2023.
-De los recursos de los multimencionados 161 contratos, el 30.4% se entregó a sólo tres empresas, siempre mediante adjudicación directa. Estas tres empresas fueron proveedoras de uniformes, equipo de cómputo y vales de gasolina, fundamentalmente.
-Se trata de las empresas Access & TI Soluciones Accesorios y Tecnología, Compañía Mexicana de Protección y Operadora Río Colorado. Entre las tres se llevaron 9 contratos. Entre las tres se llevaron 94 millones 308 mil 472 pesos.
-La empresa más favorecida de estas tres fue Operadora Río Colorado, cuyo socio mayoritario es Luis Carlos Valencia Rosas, quien en 2018 fue nombrado por AMLO con el título improvisado de “Fiscal Ciudadano Personal” en San Luis Río Colorado. Valencia Rosas es muy amigo del gobernador Alfonso Durazo.
OPERADORA RÍO COLORADO
El 19 de mayo de 2023, la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del estado de Sonora asignó de manera directa el contrato No SSP-SER-020/2023 a Operadora Río Colorado, S. de R.L. de C.V., por un importe total de 58 millones 286 mil pesos.
El objeto del mismo fue la prestación del servicio de suministro y control de combustibles para vehículos automotores terrestres, por el periodo comprendido entre el 19 de mayo de 2023 al 31 de diciembre de ese mismo año.
El socio mayoritario de esa razón social es Luis Carlos Valencia Rosas, que posee otras empresas que también hacen negocios con el gobierno estatal y municipal de San Luis Río Colorado. El domicilio fiscal de la empresa se encuentra en Avenida Kino 103 Altos, Colonia Cuauhtémoc, San Luis Río Colorado, Sonora, una sucursal de la tienda de conveniencia VIP Market, la cual forma parte de Centra Grupo Empresarial que tiene negocios de comida rápida, tiendas de conveniencia y gasolineras.
De acuerdo con datos localizados para esta investigación, Valencia Rosas obtuvo, entre abril de 2019 y diciembre de 2023, un total de 230 contratos gubernamentales a través de dependencias de los tres órdenes de gobierno por un monto total de 32 millones 131 mil pesos.
El 16 de abril de 2018, la página de Facebook de noticias locales SanluisRC.com publicó una fotografía del empresario abrazando a AMLO con la siguiente leyenda: “Luis Carlos Valencia Rosas, director ejecutivo de Grupo Centra (la administradora general de las gasolineras y los VIP, por citar algunas de sus empresas) fue uno de los empresarios sanluisinos que acudió al mitin de Andrés Manuel López Obrador. Normalmente discreto en ese tipo de asuntos, el abrazo que le dio a AMLO parece mostrar una simpatía nada disimulada hacia el candidato a la presidencia de la república por la coalición PES-Morena-PT”.
El 22 de septiembre de 2018, el mismo medio, por medio del reportero Jesús Barraza, reportó lo siguiente:
“El Presidente Electo de México, Andrés Manuel López Obrador, nombró como “Fiscal Ciudadano Personal” al empresario sanluisino Luis Carlos Valencia Rosas. Ayer, durante la “Gira del Agradecimiento” que encabezó el futuro mandatario de México, Luis Carlos y su hermano Daniel técnicamente despidieron a AMLO al término del eventó en el cual anunció que destinará casi 700 millones de pesos a San Luis para combatir la pobreza y la marginación.
“Con el estilo de sencillez que lo caracteriza, Andrés Manuel López Obrador convivió y bromeó amenamente y en confianza con los exitosos empresarios. ‘Ya casi para irse nos jaló a Santos González y a mi y allí le informó al presidente municipal de mi nombramiento’ confirmó a SanLuisRC Luis Carlos Valencia”. Santos González era el presidente municipal.
Agrega la nota:
“’Santos, quiero que sepas que Luis Carlos va a ser mi Fiscal Ciudadano Personal aquí’”, le informó AMLO al Presidente Municipal de San Luis cuando ya se encontraba a bordo de la “Suburban One” y acto seguido abandonó el Bosque de la Ciudad”.
Estos y otros medios locales establecieron que esta distinción de parte de AMLO, le dieron al empresario “derecho de picaporte” con el ejecutivo estatal, con quien mantiene una excelente relación.
De acuerdo con el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía consultado por etcétera Operadora Río Colorado, S. de R.L. de C.V. se constituyó el 27 de febrero de 1996 en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, mediante escritura pública número 10 614. Los socios son los hermanos Danitza, Marisela y Luis Carlos Valencia Rosas.
Un hijo de Marisela, Enrique Garibaldi Valencia, se desempeñó desde septiembre de 2021 y hasta mayo de 2023, como administrador del Fideicomiso Puente Río Colorado encargado de la caseta de cobro del municipio de San Luis Río Colorado. Su salida se suscitó a raíz de los señalamientos de corrupción que hiciera en su contra Miguel Márquez Gaxiola, quien fungía como jefe de operaciones, y quien fue despedido inmediatamente, recibiendo incluso amenazas de muerte.
Adeás, una de sus hermanas, Czarina Valencia Rosas, llegó a ser considerada para ocupar el cargo de delegada municipal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesson).
Los contratos del empresario consentido
Como se dijo arriba, la empresa del empresario consentido de Sonora se ha llevado 230 contratos entre abril de 2019 y diciembre de 2023. Esto es lo que se sabe, de acuerdo con datos de la PNT.
– Entre abril de 2019 y diciembre de 2023 obtuvo 21 contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por un monto de 11 millones 121 mil pesos.
– En el mismo periodo obtuvo 10 con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por 8 millones 246 mil pesos.
– Entre julio de 2019 y diciembre de 2023 obtuvo 199 contratos con diferentes entidades del gobierno de Sonora por un monto global de 12 millones 763 mil pesos, de los cuales destacan:
-151 contratos con Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado por un total de 1 millón 114 mil 186 pesos.
– Con la Secretaría de Hacienda, uno por 5 millones 452 mil pesos.
– Secretaría de Agricultura, un contrato de 1 millón 470 mil pesos.
– Secretaría de Desarrollo Social, un contrato de 1 millón 44 mil pesos.
– Secretaría de Seguridad Pública: un contrato por 58 millones 286 mil pesos.
Así, el mayor beneficio que este empresario consentido de la 4T obtuvo durante el gobierno de Alfonso Durazo provino de la dependencia encabezada por Dolores del Río.
COMPAÑÍA MEXICANA DE PROTECCIÓN
La segunda empresa más favorecida por Dolores del Río fue la Compañía Mexicana de Protección, que se llevó cuatro contratos por 30 millones 138 mil pesos. Los contratos tuvieron el objeto de comprar uniformes y equipos para el personal de seguridad de la dependencia.
De acuerdo con el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, Compañía Mexicana de Protección, S. de R.L. de C.V., se constituyó el 24 de julio de 2012 en la ciudad de Mérida, Yucatán, mediante escritura pública No 218. La empresa está a nombre de Arturo Fernando Canto Rebora y Efraín de Jesús Ponce Lordmendez.
El domicilio fiscal de la empresa se encuentra en Calle 23 No. 123, Interior A, Colonia México, Mérida, Yucatán. En dicho lugar se encuentra una sucursal de la tienda Risk Tactical, donde se venden artículos tácticos y para deportes de aventura cuya razón social es Suministros Tácticos de México, S. de R.L. de C.V.1, y tiene por socios a los mismos Arturo Fernando Canto Rebora y Efraín de Jesús Ponce Lordmendez.
Compañía Mexicana de Protección declara tener oficinas en Hermosillo y otras ciudades, incluida Ciudad de México, pero dice tener sólo 30 empleados, todos ellos en Yucatán.
Por su parte, la empresa Suministros Tácticos afirma tener 14 sucursales en diversas ciudades y para todas ellas tiene 56 empleados. Igualmente, todos residen en Yucatán.
En notas de medios locales se reportaron irregularidades sobre la Compañía Mexicana de Protección.
En agosto de 2020 el Sol de Quintana Roo publicó que la entonces presidenta municipal de Solidaridad, Laura Esther Beristain Navarrete, otorgó un contrato a esta empresa para la compra de los uniformes del personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
El gobierno de Solidaridad pagó 12 mil pesos por cada uno de los 800 uniformes. El medio pone como ejemplo que por una playera táctica se pagaron 2 mil 659 pesos, cuando los precios de mercado oscilaban entre 800 y mil 200 pesos por pieza. Lo mismo sucedió con los pantalones tácticos se pagaron en mil 580 pesos la pieza, cuando los precios rondaban los mil 100 pesos por unidad.
En noviembre de 2022, el Sol de Yucatán reportó el mismo caso de venta a sobreprecio de equipos tácticos, esta vez a la Fiscalía General de Yucatán. El 27 de febrero el Sol Quintana Roo reportó que la alcaldesa de Isla Mujeres, Teresa Gómez Ricalde, asignó un contrato a Compañía Mexicana de Protección para la adquisición de camisas, botas, playeras, shorts y gorras,que también fueron adquiridos con sobreprecios significativos respecto a los precios de mercado.
Venta de uniformes sin permiso y a sobreprecio
Compañía Mexicana de Protección vende uniformes y equipos sin que su razón social lo permita, ya que de acuerdo con el Registro Público de Comercio revisado por etcétera, ninguno de los múltiples objetos sociales de la empresa señala que se dedique a la producción, confección, maquila o elaboración de equipos tácticos, lo que significa que es una simple intermediaria.
Al ser intermediaria, es decir, revendedora, no se explica que Dolores del Río la haya elegido para comprarle equipo en lugar de acudir a un productor directo y obtener así mejores precios, como le mandata la ley.
La presente investigación encontró que, en el contrato No. SSP-ADQ-026/2022, firmado el 2 de junio de 2022, Dolores del Río realizó pagos en exceso por 5 millones 328 mil pesos (52.5% del total). Se pagaron 10 millones 148 mil pesos por 6 mil 692 prendas, pero el precio de mercado hubiera permitido comprar el doble de prendas.
La misma situación se presentó en el contrato No SSP-ADQ-029/2023, firmado el 27 de junio de 2023. El importe total ascendió a 13 millones 268 mil pesos por la compra de 6,234 prendas, lo que imlicó un pago en exceso de 7 millones 837 mil pesos, un total de 13 millones 165 mil pesos de pagos indebidos.
ACCESS & TI SOLUCIONES, ACCESORIOS Y TECNOLOGÍA
Entre el 22 de diciembre de 2022 y el 18 de diciembre de 2023, la Secretaría de Seguridad Pública , otorgó cuatro contratos a la empresa Access & TI Soluciones, Accesorios y Tecnología, S.A. de C.V., por un total de 5 millones 882 mil pesos. En tres de los contratos, el objeto fue la adquisición de equipo de cómputo y otros accesorios, mientras que en uno de ellos fue la compra de candados de alta seguridad.
Esta empresa tiene como característica principal su cualidad de empresa fachada, puesto que la persona que aparece como fundadora, ya fallecida, se dedicó a la venta ambulante de comida. La persona en cuestión se llamaba Juana de Alba Ríos, que fue registrada como poseedora de la mitad del capital. La otra mitad pertenece a Miguel Abril Olivas. Como administrador único se encuentra José Armando Olivas de Alba, hijo de Juana.
Ambos socios declararon vivir en el mismo domicilio, junto con el administrador, sus dos hermanos y el esposo de Juana. Dicho domicilio es una casa precaria en donde además hay un local de venta de comida.
Además, el domicilio fiscal de la empresa corresponde a una casa habitación de muy pequeñas dimensiones ubicada en una colonia de clase baja media.
Dde acuerdo con registros del IMSS, la empresa tiene a cinco empleados, dos de ellos los hermanos José Armando y Anselmo Olivas de Alba. Los otros tres son Ramón Bernal Luna, Yazmín Hernández Salazar y Pablo Pérez Alvarado, de quienes no se identificaron más antecedentes en fuentes de información abierta.
Juana de Alba Ríos, socia fundadora de Access & TI Soluciones, Accesorios y Tecnología aparece registrada en un listado emitido en el año 2013 por la Secretaría de Salud del estado de Sonora como beneficiaria de una licencia sanitaria para vendedores ambulantes. Se presume que dicha licencia fue renovada año con año hasta el 2018, año del que data el último antecedente registral sobre dicho personaje. Juana de Alba falleció el 18 de mayo de 2023.
Access & TI Soluciones no cuenta con una página web, por lo que de la misma no hay más rastro que el nombre.
Pero no ha sido solamente la morenista Dolores del Río quien ha beneficiado a esta extraña empresa, pues durante la gestión de la exgobernadora de Sonora, la priista Claudia Pavlovich, Access & TI logró nada menos que 49 contratos con diversas dependencias estatales por más de 21 millones de pesos.
Y, en lo que va del presente gobierno de Alfonso Durazo, la empresa fachada lleva 31 contratos, cuatro de ellos concedidos por Dolores del Río. El total que se ha embolsado es de 27 millones 193 mil pesos.
¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO?
De la anterior exposición quedan en claro tres situaciones.
1.- La primera es que la secretaría de Seguridad Pública, por medio de Dolores del Río, ha sido utilizada para favorecer al empresario consentido de Alfonso Durazo, Carlos Valencia. Como se dijo arriba, el empresario no solamente firmó con la SSP, sino con muchas dependencias más, lo que significa que Dolores es parte de una operación más amplia de tráfico de influencias para hacer negocios al amparo del poder.
2.- La segunda es que Dolores del Río, Alfonso Durazo y otros funcionarios han usado empresas fantasma para conceder contratos a sobreprecio, un mecanismo habitual en casos de desvío de recursos.
3.- La tercera es que Del Río fue premiada con la candidatura de Morena a la alcaldía de Hermosillo, a pesar de que los habitantes de esa ciudad tienen la peor opinión de su anterior gestión, verificada hace 20 años.
Se trata de una mafia local que de momento encabeza Morena, pero que en realidad no distingue colores partidistas con tal de seguir ordeñando el presupuesto público y eternizarse en el poder.
