Al emitir una recomendación a la Sedena por el caso de cinco jóvenes asesinados por militares en Nuevo Laredo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que hubo uso excesivo de la fuerza por parte de los elementos y que el daño debe ser reparado.
Sin embargo, deja toda la responsabilidad sobre los militares acusados, sin analizar la actuación de los mandos de dichos soldados ni el contexto de la actual estrategia de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Únicamente hace un tibio llamado a la Sedena a colaborar para construir una “cultura de la paz” y examinar sus programas de capacitación. No cuestiona la probable responsabilidad criminal de ningún mando.
Este 21 de marzo, el organismo presidido por Rosario Piedra emitió una recomendación dirigida al titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, pidiéndole que colabore en el trámite para que las víctimas directas e indirectas sean atendidas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Registro Nacional de Víctimas.
Se les deberá otorgar a las víctimas directas e indirectas atención médica, psicológica y tanatológica, brindado por personal especializado y ajeno a la Sedena, de manera totalmente gratuita y hasta que se recuperen por completo.
La recomendación concluye que los militares que asesinaron a cinco jóvenes hicieron “uso excesivo de la fuerza” y también un “uso ilegítimo de las armas de fuego”.
Pero, como bien apunta el analista Pablo Ferri, del diario El País, “la dependencia ni siquiera se plantea el papel de la Secretaría de la Defensa (Sedena) y de la misma estrategia de seguridad del Estado en lo ocurrido”.
Cabe recordar que luego de que los militares participantes fueron encarcelados, se dieron protestas en varias ciudades del país, exigiendo respeto a la tropa y cambios profundos en la estrategia de seguridad. Los manifestantes aseguraron que la estrategia gubernamental los deja vulnerables ante el crimen organizado.
De acuerdo con el reporte de la CNDH, los cuatro militares responsables realizaron 117 disparos.
“La actuación que desplegaron los elementos de la Sedena no fue acorde a lo establecido en el Manual del Uso de la Fuerza, de aplicación común a las Tres Fuerzas Armadas, ni tampoco a lo establecido en los estándares internacionales. Se requiere a la Secretaría, en cumplimiento a la normativa nacional e internacional aplicable, examine sus programas de capacitación y procedimientos operativos”.
Pero, más allá de esa petición para la Sedena revise sus programas y que se sume a “una cultura de la paz”, la CNDH carga toda la culpa sobre los cuatro militares actualmente presos.
Los elementos “no solo dejaron en estado de indefensión a las víctimas y a sus familias, sino que afectaron a la sociedad en su conjunto, pues con su conducta vulneraron el derecho a la seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal y a la vida”.
Así, señala que la recomendación “constituye una oportunidad para la Sedena de concretar acciones y sumarse a una cultura de la paz, legalidad y respeto a derechos humanos”.
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