Al no estar al tanto de los términos en que fueron planteados los juicios de amparo interpuestos por los presuntos autores materiales de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y cuya resolución determinó la reposición del proceso judicial, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CDHN) informó que ya analiza el sentido y alcance de la sentencia.
Ayer, el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Tamaulipas, resolvió reponer el procedimiento del caso Ayotzinapa al concluir que la investigación de la Procuraduría General de la República no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.
En un comunicado la dependencia manifestó no estar al tanto de los términos en los que fueron planteados dichos juicios de amparo y, por tanto, para estar en aptitud de emitir su opinión sobre el pronunciamiento judicial, procedió a conocer “los elementos de convicción valorados y los argumentos esgrimidos por los magistrados para llegar a dicha determinación”.
Los amparos en revisión fueron interpuestos por Gildardo López Astudillo, el “Gil”, acusado de ordenar la captura, asesinato e incineración de los 43 normalistas; Miguel Ángel Landa Bahena alias el “Chequel”, “Duba” o “Duvalín”, supuesto lugarteniente de el “Gil”; Felipe Rodríguez Salgado, el “Cepillo”, uno de los acusados de incinerar a los estudiantes, y Salvador Reza Jacobo, “halcón” o vigía de Guerreros Unidos.
Además de reponer el proceso, el Tribunal ordenó crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, integrada por los representantes de las víctimas, la CNDH y el Ministerio Público de la Federación, siendo los dos primeros quienes decidirán qué líneas de investigación seguirán y las pruebas a desahogar. Incluso podrán validar la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.
